Dos detenidos y un registro en un hotel por el caso de los ERE en Málaga

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que el exbanquero arrestado vive en Málaga y que la operación, que dirige la jueza Mercedes Alaya desde Sevilla, sigue abierta y continúan los registros en la provincia malagueña.

Esta detención es una de las dos practicadas hoy por el instituto armado en Málaga en esta fase de la operación, y la otra es la de Quesada fue trasladado a la comisaría de Torremolinos, donde al mediodía prestaba declaración y posteriormente estaba previsto su traslado a las dependencias de Málaga. Quesada es vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS) en la zona de Torremolinos.

En este complejo hotelero de Torremolinos hubo en 2004 un ERE gestionado por la aseguradora Vitalia -ahora Generali- por el que se prejubilaron 54 personas.

La Guardia Civil ha informado de que los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.

Igualmente, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.

Esta operación es fruto de la documentación recabada en la primera fase de la operación, "de donde se obtuvieron nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados", según una nota del instituto armado.

Mientras, en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla,Madrid, Segovia y Barcelona también se han llevado a cabo actuaciones que se enmarcan dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles'.

En la provincia de Sevilla ha trascendido la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien ha sido inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras, recordémoslo, fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004 y esta operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación.

El papel de Rodríguez Contreras

Según la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número seis comanda la investigación, Rodríguez Contreras era un hombre "de la absoluta confianza" del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, señalado en la investigación a cuenta de su cargo. Como gerente provincial del IFA, según la juez Alaya, el detenido habría tenido "una intervención destacable" en la concesión de determinadas subvenciones y habría protagonizado "significativas arbitrariedades" para conceder estas ayudas "por decisiones influidas de intereses particulares".

Por ejemplo, Rodríguez Contreras habría tomado parte "en el proceso inicial de las ayudas" concedidas a las empresas de corchos de Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Los sindicatos

También en Sevilla media la detención del exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, quien ya fue imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa.

Florido, según la juez, habría obtenido 221.543,29 euros por las rentas derivadas de su prejubilación en el expediente de regulación de empleo de Hytasal y otros 43.472,18 euros "procedentes del holding Vitalia, derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta, como retribución por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresas".

Las actuaciones en Sevilla han contemplado además el registro de la vivienda que posee en Gines Antonio Manuel Bustamante, presidente del consejo de administración de la sociedad anónima 'Surcolor', cuyo ERE figura en la investigación al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas (Sevilla) y ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Bustamente, ya imputado en las actuaciones, está por cierto citado a declarar ante la juez Mercedes Alaya el próximo 24 de octubre.

De nuevo el restaurante Río Grande

Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla, así como la vivienda de su dueña, María del Carmen García, y la vivienda en Sevilla capital de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada a cuenta de las ayudas percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L.

Con relación a Sayago, cabe señalar que en Barcelona ha sido registrada la vivienda particular de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, imputado en las actuaciones.

Detenido el secretario general de UGT-Cádiz

En Cádiz ha sido detenido el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera y en la provincia de Córdoba han sido detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, siendo registrado el domicilio del primero de ellos. En Torremolinos ( Málaga ), ha sido registrada la sede social de la empresa 'Nexprom', que habría abonado 389.277,51 euros al 'testaferro' de la trama Juan Francisco Algarín Lamela

En la provincia de Jaén, además, la Guardia Civil ha requerido a distintas entidades bancarias de la provincia información sobre movimientos de cuentas relacionadas con la trama, aunque no mediarían registros o detenciones. Por la tarde, los efectivos de la UCO habían acabado ya todos los registros domiciliarios a excepción de uno de los correspondientes a Sevilla capital, interviniendo abundante material documental tanto en papel como en soporte informático. Las pretensiones de los investigadores, así, pasaban por comenzar a tomar declaración durante la tarde al primero de los nueve detenidos.

Todo esto ha sucedido, por cierto, la misma mañana que la juez Mercedes Alaya tomaba declaración a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, imputada también en la causa.