Alcaldes de la Axarquía, unidos contra lo penal

Por esta razón, los alcaldes del PSOE de la comarca (17 de 31), algunos de los cuales están imputados en procesos penales por motivos urbanísticos, se han unido para actuar de manera conjunta y exigir a las administraciones central y autonómica que la legislación aplicable a estos casos sea la del Contencioso-Administrativo y no la penal.

Los regidores, que han buscado incluso el asesoramiento jurídico de expertos en materia urbanística para poder defenderse de manera eficaz, han entregado al propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, -que la pasada semana visitó la comarca con motivo de la campaña electoral- un informe en el que hacen constar sus reflexiones sobre la problemática urbanística en la comarca y en especial las construcciones en el suelo no urbanizable. Este mismo informe será remitido por sus promotores al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la Fiscalía de Málaga.

Según los alcaldes, las conductas que han dado origen a la mayor parte de las imputaciones tienen su origen en la concesión de licencias de obra para viviendas aisladas en suelo no urbanizable antes y después de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El escrito expresa que los procesos penales relativos a conductas anteriores al 20 de enero de 2003 se refieren a licencias de obra para la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en Suelo No Urbanizable, otorgadas por el alcalde sin incluir en el expediente el preceptivo informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, defecto que aseguran venía siendo corregido en vía Contencioso-Administrativo, al ser considerado un ilícito administrativo y no penal. En este sentido, ponen como ejemplo el caso del hotel El Algarrobico, en el parque natural del Cabo de Gata, resuelto en la vía de lo Contencioso y sin trascendencia penal alguna.

Sobre las licencias de viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a actividades agrícolas, forestales y ganaderas, otorgadas con la LOUA en vigor, aunque en contra del informe preceptivo y no vinculante de la Junta, aseguran que están precedidas de un proyecto de actuación, que debe ser aprobado por el pleno, tal y como exige la LOUA. No obstante, se quejan de que el informe no vinculante de la Junta está siendo utilizado como prueba de cargo fundamental para imputar y luego condenar a regidores y concejales que aprobaron el proyecto de actuación.

Para los alcaldes, mediante la acción penal lo que se quiere es corregir una competencia que corresponde a los ayuntamientos.