Ex ediles del GIL comienzan a entrar en prisión para cumplir el pacto con el fiscal

Los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano ingresaron ayer en la prisión de Alhaurín de la Torre para cumplir con la pena de nueve meses de cárcel pactada con la Fiscalía por un delito urbanístico. Lo hicieron por la tarde y de forma voluntaria tras recibir la sentencia firme que los condena por la concesión ilegal de licencias para la construcción en Marbella de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S.L. entre 1998 y 1999, según fuentes consultadas por este periódico.

El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal 7 entre los meses de septiembre y octubre pasados y sentó en el banquillo de los acusados a once ex dirigentes de Marbella pertenecientes a la segunda y tercera corporación gilista. Todos ellos llegaron entonces a un pacto con la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena comprometiéndose a entrar en prisión por nueve meses, en el caso de los concejales de la tercera corporación, y un año, en el caso de la segunda.

El resto de los ex ediles que fueron condenados en sentencia firme por este mismo procedimiento entrarán en prisión en los próximos días. En concreto, Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez, ambos de la tercera corporación, que también aceptaron de conformidad la pena de nueve meses de prisión no conmutables por multa y diez años de inhabilitación.

El también ex concejal José Luis Fernández Garrosa, igualmente condenado a nueve meses, podría encontrarse en prisión desde hace algunos días por un procedimiento anterior. Todos ellos ya fueron condenados por otro delito urbanístico aunque en aquella ocasión la pena fue conmutada por una multa que han safisfecho en un solo pago o de forma fraccionada, excepto Garrosa, motivo por el que entró en el penal, según las fuentes consultadas. Para algunos, esta es la primera vez que pisan la cárcel.

No así para el resto de los condenados por el caso Algabamar, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y los ex concejales de la segunda corporación del GIL en el Ayuntamiento de Marbella, Rafael González, Mario Jiménez, Marisa Alcalá y Manuel Calle. Esta nueva condena no modifica sustancialmente su situación procesal ya que la mayoría han cumplido en prisión la mayor parte de los tres años de máxima establecidos en el pacto con el Ministerio Público.

Es el caso de Rafael González, que se encuentra en régimen abierto después de permanecer casi tres años en prisión, y de Manuel Calle o Julián Muñoz que actualmente disfrutan del tercer grado penitenciario. Ninguno de ellos volverá a prisión por esta nueva condena.

Muñoz, por ejemplo, ya ha cumplido las tres cuartas partes de los tres años establecidos en el pacto con Fiscalía así que los seis meses restantes que le quedan lo hará en tercer régimen. Esto significa que continuará como hasta ahora, con la sola obligación de dormir de lunes a jueves en la Sección Abierta dependiente del penal de Alhaurín que se ubica en la antigua prisión de la capital malagueña.

El problema es que Muñoz está imputado en más de un centenar de procedimientos judiciales. La mitad de ellos son por presuntos delitos urbanísticos que entran dentro del pacto y no le devolverían a la cárcel, pero el resto, puede que sí. Se trata de 34 causas penales y cinco civiles, entre ellos el 'caso Malaya', por las que puede ser condenado y que quedan al margen del acuerdo que los ex dirigentes gilistas alcanzaron con el Ministerio Público.

El pacto

En juicios anteriores a éste por delitos urbanísticos cometidos en Marbella los acusados habían llegado a una conformidad previa a la celebración de la vista oral aceptando un año de prisión. Pero es a partir del 'caso Belmonsa' cuando la pena de cárcel ya no puede ser sustituida por multa. Belmonsa y Algabamar son, por tanto, los dos procedimientos judiciales en los que los ex ediles de la tercera corporación municipal del GIL se han adherido al acuerdo, aunque no los únicos. Fuentes de las defensas confirmaron que el pacto se ha aplicado en otros siete procedimientos en los que no se ha llegado a señalar fecha de juicio. La ley impide imponer más del triple de la pena máxima prevista, es decir seis años. Con el acuerdo queda rebajado a tres años de cárcel, ya que las penas por cada delito oscilan entre los seis meses y el año de prisión, con la condición de no sustituirse por multa ni ser suspendida. El acuerdo solo afecta a la concesión de licencias ilegales y es ventajoso para ambas partes. Para los acusados, porque así consiguen una reducción de la pena, y un ahorro de tiempo y de dinero en abogados. Para la Administración de Justicia porque también economiza medios y consigue que todos los ex ediles ingresen en prisión confesando su culpa, aunque sea por menos del tiempo del inicialmente solicitado por la Fiscalía.