Andalucía se prepara para recurrir la reforma local por invadir su Estatuto

La ley prevé un ahorro en el gasto municipal de 8.024 millones de euros hasta 2019, en gran parte por la supresión de competencias para evitar duplicidades, entre ellas la de los servicios sociales, sanidad y educación que ahora desempeñan, que pasarían a las comunidades autónomas, sus verdaderas titulares. El temor expresado ya por alcaldes de todas las formaciones políticas es que el cierre de los numerosos servicios sociales que prestan los ayuntamientos abra la puerta a un vacío en asistencia social que puede ser trágico en tiempos de crisis y pobreza creciente entre sus vecinos.

Sobre todo por las reticencias de las comunidades para asumir dichas competencias sin la financiación preceptiva -no habría ahorro de dinero si la hubiera- para que no se ponga en cuestión o caiga en peligro su estabilidad presupuestaria. Es lo que ha denunciado el presidente de Madrid, Ignacio González (PP).

En Andalucía, además, entraría en colisión con las leyes de Autonomía Local (Laula) y de Participación de los Impuestos de la Comunidad (Patrica). Las dos leyes, aprobadas en 2010, venían a poner orden en las competencias reales de los ayuntamientos, sobre todo las de materia social, con una nueva financiación autonómica. Por esta vía, los ayuntamientos andaluces debían recibir 450 millones de euros no finalistas este año.

Gravísimas consecuencias

Ambas fueron aprobadas solo con el voto del PSOE. PP e IU las consideraron cortas. Paradójicamente, el PP dijo que era la ocasión perdida para la «segunda descentralización», una filosofía contraria a la ley estatal en discusión. Un dato curioso: la portavoz del PP en el debate de la ley fue Carmen Crespo, ahora delegada del Gobierno; el portavoz de IU fue Diego Valderas.

Un informe de la Consejería de Administración Local, que dirige Valderas, expone que la ley traería «gravísimas consecuencias en el equilibrio de las relaciones financieras entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales». Sobre la mesa está si los ayuntamientos perderían esa financiación amparada en la Laula, sobre lo que la Junta aún no se ha pronunciado. De hecho, Valderas ha anunciado que en los presupuestos de 2014 los ayuntamientos recibirán 600 millones de euros.

Las dudas que alberga el Gobierno andaluz sobre la constitucionalidad de la ley se refieren: a que puede atentar contra la autonomía local, que la ley de 2010 fija en desarrollo del Estatuto, si como prevé el Ministerio de Hacienda puede intervenir en los ayuntamientos que no cumplan el déficit y estos pierdan sus competencias en favor de las diputaciones.

La medida afecta a 3 millones de andaluces, los que viven en los 691 municipios menores de 20.000 habitantes, el 86% de los 771 municipios de la región. Pero es «especialmente dura» con los 509 municipios (el 66%) que tienen menos de 5.000 habitantes. Aunque se ha modificado que podían llegar a ser disueltos e intervenidos unilateralmente por el Gobierno, como aparecía en los primeros borradores del anteproyecto, en el texto último aún siguen amenazados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Según la Junta, la norma contraviene e invade la esencia del propio Estatuto, que es el que marca las competencias autonómicas, fija sus relaciones con los ayuntamientos y tiene capacidad de decisión sobre la ordenación del territorio, como la aprobación o no de entidades locales, fusión o segregación de municipios. «El ministro de Hacienda ha expresado que respetará la autonomía de Cataluña en el ámbito local, por lo que ha de entenderse que hará o deberá hacer exactamente lo mismo con la Comunidad Autónoma andaluza», dice la Junta.