La UMA gastó más de 70 millones sin autorización del Gobierno andaluz entre 2018 y 2023
La Universidad ha pasado de un superávit de 190 millones a un déficit de 27 millones y el Gobierno andaluz busca ya «vías de saneamiento»
La Universidad de Málaga (UMA) atraviesa una situación económica crítica. Con un déficit reconocido que el año pasado superó los 27 millones de euros, el ... nuevo equipo de gobierno está obligado a aplicar medidas drásticas de ahorro que ya afectan a todas las facultades. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta es tentacular, aunque el análisis detallado de las cuentas de la universidad arroja graves problemas en su tesorería: desde 2019 hasta el año pasado, la UMA gastó más de setenta millones de euros sin autorización de la Junta de Andalucía. Este importe corresponde al remanente de tesorería no afectado (RTNA). El remanente es la cantidad de dinero que queda en la tesorería cada año después de pagar todos los gastos e inversiones. En el caso de las universidades públicas, el uso de este remanente debe ser autorizado por la administración autonómica.
Una auditoría de KPMG destaca que la UMA gastó más de 22 millones de euros a través de este remanente en 2022 pese a que la cantidad autorizada por la Junta de Andalucía ascendía únicamente a ocho millones. Es una tendencia que comenzó en 2019 y que se ha prolongado hasta ahora pese a las advertencias del Gobierno autonómico. En una carta dirigida al anterior rector, José Ángel Narváez, la Junta ya alertó de estos gastos sin autorización, además de solicitar «actuaciones para corregir dicha desviación». El Ejecutivo de Juanma Moreno reclamó «la puesta en marcha de medidas preventivas» y llegó a recordar «las consecuencias» contempladas en la ley en caso de no hacer algo al respecto. Todos estos avisos fueron desoídos, hasta el punto de que en 2023 se dejaron sin pagar facturas de limpieza y seguridad, deudas con constructores y hasta la cuota patronal, como confirman fuentes tanto de la Junta como de la UMA.
Entre los gastos más voluminosos de los últimos años figura la Facultad de Psicología, con más de una treintena de patios interiores y una biblioteca de 1.600 metros cuadrados y cuyo coste superó los 33 millones de euros, casi diez millones más de lo previsto en la adjudicación inicial. A esta obra, faraónica para los estándares de la UMA, se suman las facultades de Turismo y Filosofía y Letras. Son reformas que aún no se han pagado, incluso con obras paralizadas como en el caso de Turismo, y que han generado deudas con constructoras como Sando y Acciona. Este último caso está en los juzgados y podría acarrear un embargo de más de veinte millones de euros a la universidad. Fuentes de la UMA reconocen que «hubo falta de previsión porque se veía claramente que los remanentes iban a llegar a cifras negativas, muy negativas».
Reacciones
El capítulo de personal, con un coste que roza los 225 millones de euros (por poner esta cantidad en contexto, la UMA recibe 231 millones de la Junta), es otro de los caballos de batalla del nuevo gobierno de Teo López Navarrete, que se enfrenta a la tarea titánica de sanear unas cuentas disparadas hacia el déficit en los últimos años. Es algo que llama la atención si se tiene en cuenta que en 2018 la Universidad de Málaga tenía un remanente (superávit) de más de 162 millones de euros. Desde la UMA insisten en que, al disponer de este importe en su tesorería, la universidad aportó 36 millones en concepto de compensación al fondo de emergencia de la Junta por el coronavirus. La versión del Gobierno andaluz es diferente: mantiene que a la UMA nunca le quitaron remanentes de tesorería sino que, al reducir la financiación por la pandemia, autorizaron un gasto superior a los 30 millones de euros con cargo al remanente, gasto que el anterior equipo de gobierno cuadriplicó hasta los 120 millones, 90 millones más del importe autorizado.
La financiación también supone un motivo de conflicto entre la Junta y la UMA. La UMA denuncia que está infrafinanciada y la Junta recuerda que este año ha sido la universidad andaluza donde más se ha incrementado la inversión autonómica: un 3,65 por ciento respecto a 2023, hasta los 231 millones de euros. El presupuesto total de la UMA asciende a 326 millones, de modo que la mayor parte procede de fondos autonómicos, como por otra parte ocurre en todas las universidades públicas. Desde la UMA admiten ser la universidad donde más ha aumentado la financiación pero inciden en que sólo los capítulos de personal y limpieza ya rozan los 240 millones, nueve millones más de lo inyectado por la Junta.
En medio de este fango financiero han surgido voces que reclaman apoyo a la UMA como la de Bernardo Quintero (Google), gurú de la Málaga tecnológica y que en una carta publicada en este periódico aseguró que confía en que la Junta «sabrá reconocer el valor estratégico» de la universidad. Desde la Junta se ha extendido «cierto malestar» por el relato construido en torno a la financiación y la falta de apoyo y recuerdan que en menos de una década la UMA ha gastado 190 millones de euros de superávit y ha acumulado un déficit previsto superior a los 31 millones de euros.
«Son piezas muy difíciles de encajar», reconocen en la UMA: «Tendrán que echarnos una mano». Con estas cuentas sobre la mesa, en la Junta abren la puerta a nuevas «vías de saneamiento y solución» de la crisis financiera que atraviesa la universidad malagueña. «Ayudaremos a que puedan afrontar sus pagos», adelantan fuentes del Gobierno andaluz, «pero la UMA tendrá que hacer sacrificios». En la Junta tienen clara su opinión sobre la gestión económica del anterior equipo de gobierno, aunque evitan hacer valoraciones explícitas: «Los números están ahí. Echaremos una mano, pero encima no puede parecer que es un problema que hayamos generado nosotros». Mientras, los balances de la Universidad de Málaga siguen en rojo.
Dinero restado también a proyectos de investigación
La Universidad de Málaga ha utilizado más de cien millones de euros de remanente afectado para paliar su déficit. Este remanente es el superávit finalista, es decir, ingresos que tienen un fin concreto. De esa cantidad, cerca de setenta millones pertenecen a proyectos de investigación. El nuevo equipo de gobierno deberá ahora buscar formas de compensación para que estos proyectos puedan seguir financiándose. A esto se suma el recorte que la UMA debe aplicar al haber entrado en un plan de ajuste obligado por la ley ante su delicada situación financiera.
Fuentes de la UMA sostienen que el año pasado fue «determinante» para que las cuentas arrojen un resultado tan negativo. Sólo en 2023, el Consejo de Gobierno aprobó un plan de inversiones de 16 millones. Sin embargo, se llegaron a ejecutar 24 millones, hasta ocho millones fuera de presupuesto y sin la aprobación ni de la Junta ni del Consejo de Gobierno. Ese mismo año hubo una solicitud de préstamo de unos 25 millones, petición desestimada por la Junta. «En verano se debería haber llevado una modificación del gasto», explican desde la UMA, «porque ya se sabía que esos ingresos no se iban a efectuar».
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su aprobación de las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio, reconoció la deuda con varias empresas constructoras hasta la finalización de las obras de la nueva Facultad de Turismo y la ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras y del Boulevard, deudas que de momento se pueden valorar en unos 36 millones de euros pero que aumentarán por los intereses generados.
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