La Junta de Andalucía rescatará a la Universidad de Málaga con un préstamo de más de 40 millones

Sin tesorería y con las cuentas en rojo, la Universidad presenta la peor coyuntura financiera desde su fundación en 1972. El reiterado uso de remanente de tesorería sin autorización de la Junta —más de 70 millones desde 2019 hasta el año pasado— y la ejecución de obras faraónicas han arruinado a la UMA en los últimos años. Se trata de una situación sorprendente si se tiene en cuenta que en 2018 la Universidad contaba con un remanente (superávit) de más de 162 millones de euros. El nuevo rector, Teo López Navarrete, fue rotundo durante la ceremonia inaugural del curso: «Nuestra situación económica es acuciante». Y añadió, en un aviso a la Junta: «Necesitamos de manera urgente los apoyos necesarios para que la Universidad siga siendo la que la sociedad merece».

Esos apoyos ya han llegado. El préstamo que ofrece la Junta no tiene interés cero, como reclamaba la UMA, pero presenta «condiciones muy favorables» que se harán públicas próximamente, con un plazo de pago «holgado» que superará los diez años e intereses «ventajosos» que, en un porcentaje aún por concretar, serán compartidos. El acuerdo está «a punto de cerrarse», según adelantan a este periódico, y se hará público presumiblemente en un acto al que asistirán el rector y los titulares de las dos consejerías implicadas: Economía y Hacienda (Carolina España) y Universidades (José Carlos Gómez Villamandos). En los últimos meses, sobre todo desde el cambio en el equipo de gobierno de la UMA, las reuniones en busca de soluciones no han parado de sucederse. La Junta condiciona la concesión del crédito a que deje de usarse remanente sin autorizar y la UMA, por su parte, reclama mayor financiación e «igualdad» con las universidades privadas, además de recordar que ya ha aplicado un plan de ajuste de 15 millones.

El uso de remanente sin autorización de la Junta es una tendencia que comenzó en 2019 y que se prolongó hasta el año pasado pese a las advertencias del Gobierno autonómico. En una carta dirigida al anterior rector, José Ángel Narváez, la Junta ya alertó de estos gastos, además de solicitar «actuaciones para corregir dicha desviación». El Ejecutivo de Juanma Moreno reclamó «la puesta en marcha de medidas preventivas» y llegó a recordar «las consecuencias» contempladas en la ley en caso de no hacer algo al respecto. Todos estos avisos fueron desoídos, hasta el punto de que en 2023 se dejaron sin pagar facturas de limpieza y seguridad, deudas con constructores y hasta la cuota patronal, como confirman fuentes tanto de la Junta como de la UMA. Ahora algunos de estos casos están en los juzgados; Acciona, por ejemplo, reclama más de 26 millones de euros y ha solicitado un embargo como medida cautelar ante los impagos de la Universidad, además de una compensación por daños y perjuicios.

En los últimos meses han surgido numerosas voces que reclaman apoyo a la UMA, algunas tan autorizadas como la de Bernardo Quintero (Google), gurú de la Málaga tecnológica y que en una carta publicada en este periódico aseguró que confía en que la Junta «sabrá reconocer el valor estratégico» de la Universidad. También el alcalde, Paco de la Torre, aunque crítico con «una gestión indebida», tendió la mano del Ayuntamiento para «el aprovechamiento de recursos y de suelos», confiado en que «se pueda alcanzar un equilibrio» pese a que no existan, dijo, «soluciones milagrosas».