Las viviendas turísticas alzan las voz ante nuevas presiones legislativas

Desde este colectivo señalan que este cambio, no sólo plantea restricciones al uso de las viviendas de uso turístico, considerando que afecta directamente a los derechos de los propietarios, sino que también limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas. «Al centralizar decisiones que deberían adaptarse a las particularidades locales, esta reforma restringe la autonomía de las administraciones locales para implementar normativas propias y definir políticas de desarrollo y crecimiento en materia turística», apuntan. Alto y claro, el presidente de este colectivo, Juan Cubo, declara que esta modificación «desincentiva la inversión en un sector que contribuye de manera significativa a la economía local y al desarrollo turístico. Abordar los retos del turismo debe hacerse con un enfoque equilibrado que respete tanto los derechos de los propietarios como la autonomía de las instituciones locales».

En cuanto al Registro Único para las viviendas de uso turístico, que se ha presentado como una herramienta para luchar contra la clandestinidad y promover la transparencia en el sector, desde AVVA Pro afirman que «apoyamos esta medida siempre que se implemente respetando las competencias autonómicas en materia de turismo. Es fundamental que este registro no se convierta en una intromisión que limite la capacidad de los gobiernos regionales para adaptar la normativa a sus necesidades y particularidades».

En este sentido, el propio consejero de Turismo, Arturo Bernal, avanza que van a pedir la suspensión de la ejecución de esta norma al considerar que «puede haber una intromisión en las competencias que en materia de Turismo las tenemos las comunidades autónomas». Bernal señala que el mecanismo más fácil y del que se habló en un principio consistía en un volcado de los datos de cada uno de los registros de las regiones. Advierte de que el éxito de este Registro Único «dependerá de garantizar un proceso administrativo ágil y accesible para los propietarios, evitando cargas burocráticas innecesarias que puedan desincentivar el cumplimiento como la recogida de pasar por un registrador de la propiedad. Además, la normativa europea lo que decía es que en todo caso había que contar con la comunidad autónoma que son los que tienen la competencia en esta materia para cualquier tipo de desarrollo normativo. Y esto no se ha hecho».

Es más, critica que «el Estado vuelve otra vez a hacer de su capa un sayo, a hacer lo que le parece sin contar con nosotros. Y lo que no podemos hacer es cargarnos un modelo alojativo que es solución en muchas zonas». El consejero de Turismo recuerda que el 90% de los municipios de Andalucía quizá no tengan la posibilidad de tener una masa crítica de turistas que generen interés a una cadena hotelera. «Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Le estamos hurtando a esos municipios la posibilidad de un desarrollo turístico? Hay que mirar muchas cosas. Todo esto es un tema complejo y no se puede resolver con ocurrencias, que es lo que viene haciendo el Estado de forma sistemática. Los temas complejos suelen tener soluciones complejas y con las ocurrencias no se arreglan los temas complejos», precisa.

Otra de las novedades legislativas es la aplicación del IVA a esta actividad. Desde AVVA-Pro aseguran que respaldan esta medida siempre y cuando se mantenga el tipo reducido del 10%, igual al que se aplica al sector hotelero, entendiendo que las viviendas de uso turístico deben contribuir al marco impositivo en igualdad de condiciones con el resto del sector alojativo. Pero advierten de que «un aumento en este impuesto podría encarecer la actividad, afectando a los pequeños propietarios y reduciendo la accesibilidad del turismo para las familias. Por lo que, consideramos imprescindible establecer un marco fiscal equilibrado que no penalice al sector y que reconozca su importancia en la dinamización de las economías locales y regionales», comenta Juan Cubo, que insta a las administraciones públicas a establecer un diálogo abierto con los representantes del sector «para garantizar que las medidas adoptadas sean equilibradas, sostenibles y alineadas con los intereses de todos los actores implicados».

En este sentido, recuerda que «muchas de estas propuestas no abordan las raíces estructurales de la crisis habitacional. En cambio, amenazan con restringir un sector clave que genera más de 30.000 empleos en la región y contribuye significativamente al desarrollo económico y turístico de Andalucía» e insisten en que en la Comunidad «de un total de 4.673.007 viviendas, sólo 82.454 están destinadas al alquiler turístico, lo que representa un porcentaje muy reducido del parque total de viviendas. Por otro lado, existen 641.437 inmuebles vacíos, equivalente al 13,7% del parque inmobiliario andaluz. Esto significa que por cada vivienda de uso turístico (VUT) hay casi ocho vacías. Estos datos evidencian que el verdadero desafío de la falta de vivienda en la región radica en la falta de construcción de nuevas promociones y en la gestión de las vacías. Y no en las de alquiler vacacional, que desempeñan un papel clave en la dinamización económica y turística de Andalucía», añade Cubo.