La trama de altos funcionarios rusos que extorsionó al círculo de Putin desde Marbella: penas mínimas y multas millonarias

La hija de un amigo cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, que fue política entre los años 2007 y 2011 de la Asamblea Legislativa, o millonarios elegidos por la revista Forbes estaban entre sus objetivos. Buscaban perfiles públicos, su solvencia económica y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal. Una vez elegida la víctima idónea, se dedicaban a «fabricar» causas penales para extorsionarlos. Los integrantes de la trama, liderada por altos funcionarios rusos del Ministerio del Interior y de Justicia, que operaban desde Marbella se han sentado este martes en el banquillo de los acusados después de que las partes lograran una conformidad. De esta manera, han reconocido su implicación en los hechos y las acusaciones han rebajado considerablemente la petición de condena.

Los seis procesados afincados en la Costa del Sol se han conformado con el relato de hechos de la Fiscalía, que considera a todos ellos responsables de un delito de organización criminal, y a algunos también de blanqueo de capitales, falsedad y extorsión. En consecuencia, la Fiscalía ha reducido la pena total de prisión solicitada más de 50 años, de 75 a 22. La máxima, de ocho y medio, para el considerado como líder de la organización en España, y la mínima de siete meses para uno de los procesados. En cuanto a las multas, la Fiscalía ha solicitado para dos de los acusados más de cuatro millones.

La dinámica criminal de la red, siempre según el Ministerio Público, consistía en implicar falsamente a determinadas personas en procedimientos penales con la finalidad de extorsionarlos: les exigían grandes cantidades de dinero para archivar la causa ficticia; si no acataban, eran amenazados con su ingreso en prisión en Rusia. Con el fin de exigir cuantiosas cantidades económicas, tuvieron que recopilar una «ingente y comprometida» información de sus objetivos.

Según la fiscal, Halit S. era el cabecilla de la trama en el territorio español, que operaba desde Marbella y cuenta con un amplio historial delictivo: ocho identidades diferentes a lo largo de su carrera; cinco detenciones por prostitución, falsedad documental, estafa, fraude sobre bienes públicos y detención ilegal, y un ingreso en prisión provisional que dio lugar a una extradición solicitada por las autoridades suizas.

Su mujer, también procesada en la causa, se encargaba de «custodiar» la información comprometida de las víctimas y se prestaba a figurar en la titularidad de direcciones de correo digital, dispositivos telefónicos, cuentas o contratos de préstamo para ocultar que su marido era quien manejaba los hijos y así salvaguardar su anonimato.

La Fiscalía, asimismo, señala en su escrito de acusación -al que ha tenido acceso este periódico- a funcionarios rusos del Ministerio del Interior y miembros del Servicio Federal de Seguridad (FSB) que fueron identificados por las víctimas y que, sin embargo, no han sido perseguidos por las autoridades de su país.

«Los delitos son muy graves y las consecuencias derivadas del delito también lo son. Si se pide un beneficio hay que aportar un abono de las consecuencias, restaurar el mal causado. Es un esfuerzo de los penados por asumir las consecuencias del delito y en eso consiste el efecto rehabilitante», ha añadido el magistrado presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

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