Dos policías y un guardia civil, encarcelados por un alijo de 13 millones en cocaína

La investigación, a cargo de la Brigada Central de Estupefacientes, con la colaboración de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol, se inició a raíz de un aviso de las autoridades colombianas sobre un importante envío de droga desde Sudamérica.

La información, proporcionada por la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada contra el Narcotráfico de Bogotá (Colombia) junto a una petición de cooperación internacional, se enmarcaba en la operación 'Mar de Eleva' y apuntaba a que una organización transnacional pretendía sacar del país sudamericano una partida de droga oculta en un contenedor. Era un primer envío para comprobar la fiabilidad de la ruta.

La policía colombiana había descubierto que la banda introdujo la mercancía el 15 de agosto en un contenedor de pulpa de piña para ser cargada en el puerto de Buenaventura. El barco, con el contenedor a bordo, zarpó el 19 de agosto y tenía previsto arribar a Málaga el 6 de septiembre.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional abrió la investigación en España a partir de la información de Colombia y autorizó la entrega controlada de la mercancía, procedimiento que consiste en seguir discretamente el contenedor, permitiendo su desembarco y entrada en el país, para identificar a las personas que estaban detrás del alijo.

Finalmente, el barco llegó al puerto de Málaga el 9 de septiembre. Según la documentación aportada por los servicios aduaneros, el contenedor iba a ser trasladado hasta la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla, donde sería depositado en una nave. Los agentes de la Udyco establecieron un discreto dispositivo de paisano para seguir el transporte.

El contenedor salió del puerto de Málaga a las 14.30 horas en un camión que tomó la A-92, sentido Sevilla, y realizó una parada a las 16.55 horas en un área de servicio situada en el kilómetro 24. Los policías vieron que el conductor entraba en el restaurante. Hasta ahí, todo normal.

Pero en esa parada fue cuando los agentes detectaron a un hombre vestido completamente de negro que estaba en el aparcamiento del restaurante con el teléfono móvil en la mano. Aparentemente, se dedicaba a controlar los vehículos que circulaban por el recinto.

No tardaron en reconocer al sospechoso. Era, según la investigación, un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la comisaría de Sevilla. Los agentes vieron que estaba acompañado de otras dos personas, una de las cuales también era un funcionario presuntamente corrupto. Se desplazaban en un Audi A6 de color gris.

Los investigadores vieron conversar al trío, que recelaba de uno de los coches camuflados que integraban el operativo. De hecho, se acercaron a grabar o hacer fotos del vehículo, lo que obligó a los policías a bajarse del mismo e improvisar que iban a la gasolinera para no ser descubiertos.

A las 17.10 horas, el camión abandonó el área de servicio y, poco después, hizo lo propio el Audi A6 «en clara sincronización». El grupo comenzó a seguir al camión a una distancia prudencial, «realizando maniobras de aceleración y deceleración en distintos puntos», según los autos judiciales.

En el seguimiento, los investigadores observaron que circulaban a 80 kilómetros por hora para después acelerar y alcanzar elevadas velocidades, con el objetivo de adelantar -o dejarse adelantar- por otros coches supuestamente para controlar a las personas que iban dentro.

El camión llegó al polígono La Isla, en Dos Hermanas, sobre las 17.45 horas. El chófer lo estacionó junto a la puerta de descarga de mercancías de uno de los almacenes. Diez minutos más tarde, los policías detectaron frente a la nave el mismo Audi A6 que habían visto antes.

El coche realizó varias pasadas por los alrededores, lo que permitió a los investigadores observar que estaba ocupado por las mismas personas. Sin embargo, los agentes de la Udyco tuvieron que abandonar la vigilancia por temor a ser descubiertos y comprometer el dispositivo.

A la mañana siguiente, sobre las 6.55 horas, los policías volvieron a detectar el Audi A6 ocupado por las mismas personas. Parecen estar realizando un «control permanente» de la nave donde está el camión.

Poco después, el vehículo pesado, conducido ahora por otro chófer, salió del almacén con destino a la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, donde accedió a un polígono industrial. El conductor introdujo el camión en una nave y la abandonó poco después, ya sin contenedor en su remolque. Entonces, los policías deciden intervenir.

Los investigadores localizaron dentro de la nave a cuatro personas que se disponían a abrir el contenedor, que descansaba sobre tres enormes caballetes. Uno de los sospechosos estaba debajo del mismo, otro tenía una radial en la mano, el tercero estaba subido en una carretilla elevadora y el cuarto -este era el guardia civil- tenía una pata de cabra en las manos.

Paralelamente, otra parte del dispositivo policial abordó el Audi A6 y arrestó a sus tres ocupantes, que aguardaban en una calle aledaña a la nave, desde donde supuestamente seguían realizando labores de vigilancia. También se interceptó en ruta al camionero.

Todos ellos -en total, ocho detenidos- fueron trasladados a la nave, donde se procedió a desentrañar el contenedor. Al abrir los bajos del mismo, localizaron 365 paquetes rectangulares de un kilo ocultos en un doble fondo. En el narcotest, realizado al azar sobre uno de ellos, dio positivo a cocaína.

El alijo, según la policía, estaría valorado en 13 millones de euros si se hubiese vendido por kilos (a razón de 35.759 euros/kilo), que es el modo habitual. De haberse vendido por gramos (a 61,27 euros), habría llegado a alcanzar un precio de mercado de 22.363.550 euros, aunque en este caso suelen incluir otras sustancias de corte.

Recientemente se ha detenido a otra persona, uno de los conductores del camión, con lo que la nómina de arrestados asciende a nueve. Siete de ellos han ingresado en prisión, mientras que los dos chóferes encartados han quedado en libertad tras pagar una fianza.

La investigación de la Udyco, apoyada por Asuntos Internos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, concluyó que los tres agentes detenidos podrían constituir una «estructura de seguridad» en el país de destino de la mercancía que, siempre según las pesquisas, «contacta con diferentes organizaciones con el propósito de introducir cocaína en territorio nacional con un plus de seguridad».

El informe policial destaca que ninguno de los agentes sería propietario de la mercancía incautada, «ni tomarían decisión alguna sobre el destino final o destinatarios de la misma». Los agentes son, a juicio de los investigadores, los responsables de la «logística de seguridad» durante el tránsito hasta la llegada a los verdaderos compradores.

El atestado refleja que la presencia de los tres agentes, que llevaban encima sus placas emblemas, no era «azarosa»: estaba pensada para que se identificaran como policías en caso de ser necesario ante un posible control policial.

Del mismo modo, apunta el informe, «la localización de un arma de fuego con dos cargadores en el Audi no es baladí». Los investigadores concluyen que su presencia no sólo tiene un carácter intimidatorio y capacidad de letalidad, sino que además proporciona «seguridad absoluta» a los agentes.

El letrado Francisco Miranda, del despacho Vox Legis Abogados, que representa a la mayoría de los detenidos en la causa, considera que, al tratarse de una entrega controlada, la sustancia nunca hubiera podido entrar en el circuito comercial y, por tanto, «ha de entenderse como un delito intentado (en grado de tentativa) que no llega a consumarse».