Francisco Javier Lara, tras su condena por desobediencia: «Vamos a recurrir, sigo confiando en la Justicia»

Lara esperaba que el fallo fuera absolutorio tras la celebración del juicio, por lo que la decisión judicial ha sido una sorpresa. No obstante, sostiene que «confiaba y sigue confiando en la Justicia», por lo que está convencido de que el recurso de apelación derivará en la declaración de inocencia por parte de la Audiencia Provincial.

«Todavía no he podido leer bien la resolución, pero los compañeros que llevan mi defensa la están estudiando porque, por supuesto, la vamos a recurrir», ha insistido. Lara siempre defendió que en ningún momento tuvo intención de obstruir a la Justicia, sino de velar por la seguridad de sus compañeros en plena primera ola por la Covid-19, como subrayó en el juicio.

No obstante, la titular del Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha considerado probado que el exrepresentante de los abogados malagueños cometió un delito de desobediencia grave a la autoridad el día 6 de mayo de 2020, ya que, según expone en la sentencia, no se atendió a los requerimientos del Juzgado de Instrucción número 10, que ese día se encontraba de guardia, para que se prestase asistencia letrada a cuatro detenidos que habían pasado a disposición judicial.

Para la magistrada, ha quedado acreditado que la institución colegial hizo caso omiso a las peticiones del juzgado, que pedía saber quiénes eran los abogados que se encontraban de guardia y solicitaba su presencia en dependencias judiciales a la mayor brevedad posible. Ante esta circunstancia, los cuatro arrestados fueron puestos en libertad.

Del mismo modo, en la sentencia se alude a un protocolo que envió el Colegio de Abogados por correo, en el cual establecía una serie de pautas aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución y firmado por Lara para que la representación a detenidos se hiciera a través del sistema telemático 'Circuit', para evitar así el contacto directo entre juristas y los arrestados.

A juicio de la jueza, se trató de un protocolo «elaborado de forma unilateral, sin conocimiento ni participación alguna de ningún operador jurídico ni autoridad judicial, y no había sido notificado al efecto al juez decano de Málaga a fin de que tuviese constancia alguna al respecto».

Tras conocer la decisión judicial, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Málaga ha expresado a través de un comunicado su «firme apoyo» al decano emérito. En este sentido, ha incidido en que «las actuaciones que se llevaron a cabo por el Colegio en esa fecha fueron bienintencionadas y en defensa de la salud de los abogados de oficio, que tenían el encargo constitucional de asistencia al detenido, atendida la precariedad de los medios preventivos existentes en ese momento». Por todo ello, ha hecho hincapié en que sus miembros continúan confiando en la Justicia y «en una resolución favorable».