Explotación sexual en Málaga: 'sin papeles' y hacinadas en un trastero sin escapatoria

Los dos acusados, según la resolución dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Málaga, constituyeron con ayuda de la esposa de uno de ellos una organización que, como mínimo, llevaría operando desde el año 2008 y cuyo objetivo era lucrarse de la explotación sexual de mujeres procedentes de pequeñas poblaciones rurales de Colombia. El perfil de sus víctimas siempre era el mismo: jóvenes sin estudios, con graves cargas familiares y económicas y en una situación de necesidad extrema.

De acuerdo con el fallo, algunas de ellas prestaban el consentimiento a ejercer la prostitución en España, como fue el caso de María, mientras que otras, como Diana, pensaban que aquí les esperaba un puesto en un balneario. En ninguno de los casos las chicas eran conscientes de las condiciones en las que iban a estar, según se deduce de la sentencia. Lo supieron cuando ya se encontraban en Málaga, con las deudas que arrastraban por sus viajes, las cuales rondaban entre los 1.600 y los 3.000 euros, pese a que los costes de los pasajes habían sido muy inferiores.

Al frente de las casas de citas en las que eran explotadas había una mujer, quien era la pareja de uno de los hermanos procesados y quien se encargaba de la contabilidad, entre otras funciones. Ella también ha sido condenada. Una vez que las dos testigos protegidas llegaron a Málaga, los tres investigados se aprovecharon de su vulnerabilidad –habían venido como turistas y se encontraban en situación administrativa irregular–, de «su precaria situación económica, su soledad y desarraigo, así como de la deuda que pesaba sobre ellas», para forzarlas a ejercer la prostitución en tres casas de citas que regentaban en la capital.

Aparte, de acuerdo con la sentencia, también tenían que realizar servicios sexuales en hoteles y en domicilios particulares a los que trasladaban a las jóvenes como 'escorts'. Las víctimas estaban obligadas a estar permanentemente a disposición de la trama. Trabajaban «largas jornadas sin descanso, horario ni calendario» y, aunque normalmente estaban asignadas a una casa de citas, las trasladaban a otra si no había suficientes mujeres o si «un 'cliente' habitual quería una meretriz nueva». Cuando los hombres llegaban, las jóvenes eran expuestas en el salón para que ellos eligieran, como si se tratara de cualquier tipo de «mercancía».

El dinero por los servicios sexuales lo cobraba directamente la mujer que ejercía como 'mami' de la casa u otro varón que también hacía de encargado de los pisos de citas –no ha sido enjuiciado al encontrarse en rebeldía–. Ambo se repartían la tarea de la contabilidad.

Según ha quedado probado, uno de los hermanos era «el jefe del entramado delictivo». Él controlaba a las mujeres, las identidades que debían usar y sus horarios, así como la ropa que debían llevar. Este hombre, de acuerdo con la resolución, también «probaba sexualmente» a las víctimas, a las que vigilaba a través de las cámaras que había puesto en los inmuebles que hacían las funciones de burdel.

Asimismo, exigía a las jóvenes que estuvieran las 24 horas del día maquilladas, perfectamente arregladas y en tacones para «ser trasladadas en cualquier momento» si era necesario. Les advertía «que no admitía excusas del tipo 'estoy dormida' o 'tengo sueño', y ello al margen de la hora a la que fuesen requeridas o de lo jura que fuese la jornada», como sentencian los magistrados. En apenas un año y medio llegó a publicar 660 anuncios de los servicios en sus casas de citas por Internet.

Por otro lado, la procesada era la encargada de que los pisos estuvieran en condiciones para los hombres que querían pagar por sexo. Durante la investigación policial, según se señala en la sentencia, se comprobó que «las mismas eran deplorables e insalubres, ya que todas las mujeres compartían un solo baño» y «una única estancia, sucia, llena de cucarachas». Se trataba de un antiguo garaje que había sido habilitado como dormitorio y cocina, en el que las jóvenes vivían hacinadas, sin luz natural ni ventilación.

El hermano del principal cabecilla, siempre según con lo señalado en la resolución, era quien presionaba a las chicas para que se prostituyeran con el pretexto de que estaban encadenadas a una deuda. Les decía, además, que si querían «trabajar bien tenían que consumir cocaína», viéndose algunas de ellas, como Diana, forzadas a tomar este tipo de sustancias, pese a que nunca antes las había probado. También les indicaban que tenían que intentar vender droga a los 'clientes', a los que sugerían la contratación de servicios como «fiestas blancas».

Las condenas a los tres encausados han variado desde la primera sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Málaga. Aunque el considerado jefe fue declarado en primera instancia culpable de un delito de trata de seres humanos en concurso con uno de prostitución coactiva, este se vio suprimido al estimar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parte del recurso de apelación que presentó su defensa.

Fue sustituido por el delito de aprovechamiento de la prostitución de terceras personas. También está condenado por un delito contra la salud de sustancias que causan grave daño a la salud y blanqueo de capitales. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que mantuvo el pronunciamiento del TSJA, tendrá que cumplir ocho años y siete meses de cárcel y pagar una multa de 73.000 euros.

Para su hermano sí se ha mantenido el delito de trata de derechos humanos en concurso con uno de prostitución coactiva por el que ya fue condenado en la Audiencia Provincial, aunque quedó absuelto por el Alto Tribunal andaluz del delito de blanqueo de capitales y, por el Tribunal Supremo, del delito de ayuda a la entrada irregular en territorio español. En total, le ha quedado una pena de seis años de prisión. La mujer del cabecilla, por otro lado, tendrá que cumplir tres años de cárcel por los delitos de prostitución coactiva y blanqueo de capitales, y hacer frente a una sanción de 45.000 euros.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana. La denuncia de este tipo de delitos es anónima y confidencial, por lo que no queda reflejada la llamada en la factura telefónica.