El exalcalde de Estepona defiende su inocencia y carga contra la Fiscalía por no querer investigar la posible participación de Villarejo en el caso Astapa

Antonio Barrientos se considera lleno de argumentos para cuestionar la actuación de las autoridades en la instrucción del caso 'Astapa'. En su comparecencia ha arremetido tanto contra la Unidad de Violencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), que se encargó de dirigir la operación, como contra la propia Fiscalía. A ambas partes les atribuye haber vulnerado sus derechos como procesado e investigado y lo hace amparándose en «hechos» de los que dice que disponer de pruebas documentales.

La principal carga de Barrientos se centra en la Fiscalía –que actualmente mantiene su acusación contra más de 50 personas por este caso– y en su negativa a investigar la posible implicación del excomisario Villarejo en el caso 'Astapa'. Según la documentación aportada por el exalcalde –médico de profesión–, durante la instrucción del caso 'Tándem', en el que Villarejo fue arrestado por presunta corrupción, un testigo vinculó al expolicía en la trama urbanística de Estepona. En base a esta información, 'Astapa' habría sido instruida bajo el control de Villarejo, quien actuó en base a una serie de intereses ilícitos que tendría (según este testimonio) en el municipio costasoleño.

A raíz de estas declaraciones y de la aparición de audios del excomisario en el que habla con personas implicadas en Astapa, la defensa de Barrientos solicitó al Fiscal que se adhiriesen como pruebas los descubrimientos de 'Tándem' que pudieran tener repercusión en la causa de Estepona. Según denuncia el expolítico, la Fiscalía se niega a ello, por lo que está vulnerando el «derecho de defensa».

A la luz de estos datos, Barrientos considera que está «claro» que, una vez se cambió la cúpula política del Consistorio a raíz de las detenciones, el excomisario se quedó en una posición privilegiada. «El control de urbanismo de Estepona por parte de Villarejo después de la operación 'Astapa' es claro y evidente».

Por otra parte, también en relación con la Fiscalía, Barrientos asegura que desde el Ministerio Público pretenden que los acusados no presenten sus correspondientes escritos de defensa amparándose en que el plazo para su tramitación ha expirado. Sin embargo, con la documentación en la mano (que ha sido expuesta a los medios), este plazo fue suspendido por el juez instructor tras un error de notificación. «Un error lo tiene cualquiera, pero aquí ya hay muchos errores seguidos», ha apuntado el exalcalde.

El exalcalde ha añadido que él mismo denunció los presuntos hechos ilícitos que se estaban produciendo en el Ayuntamiento hasta en siete ocasiones. De hecho, según ha manifestado, una de ellas tuvo que ser interpuesta hasta en tres ocasiones porque se habían «extraviado» en el propio Ministerio Fiscal. «A todas les hicieron caso omiso».

Con respecto a la UDEF, Barrientos ha asegurado sin que le temblara el pulso que el informe que derivó en su detención era «rotundamente falso». «No dice la verdad ni por equivocación», ha aseverado. De hecho, ha apuntado que en el año 2010 se denunció dicho informe por parte de su defensa y que el juez instructor le dio la razón, afirmando que era «incontestable» que estaba «plagado de errores». «Se nos dijo que sería subsanado con otro informe que aún no ha llegado».

También les critica las formas: «Me detuvieron en mi domicilio como si de un auténtico miembro de una banda terrorista se tratara, con un gran número de efectivos, metralletas y pistolas en busca de efectividad mediática y daño personal».

A raíz de todas estas «irregularidades», Barrientos ha reunido el valor para hablar públicamente tras más de una década en la que él y su familia han estado «señalados». «Resulta increíble que, por parte de quien tiene la obligación de investigar los hechos para su esclarecimiento y de velar porque se respete la ley se pretenda de un lado hurtar al órgano que tendrá que enjuiciar el caso circunstancias que podrían ser determinantes en su génesis y desarrollo; y de otro, privar a los acusados, presuntos inocentes, la posibilidad de proponer la prueba de descargo que pueda ayudar a acreditar que no cometieron ningún delito».

Como conclusión, Barrientos se ha definido como un alcalde «limpio» y entregado a sus vecinos. «Pude meter la pata, pero yo mismo denuncié las posibles irregularidades».