El juez no ve amenazas al Gobierno en el caso del hombre que disparó a fotos de políticos en una galería de tiro

El vídeo empezó a compartirse de forma masiva en WhatsApp y Telegram el pasado junio y se viralizó en redes sociales, donde Iglesias publicó este mensaje: «Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea [...]». La Abogacía del Estado anunció una denuncia por estos hechos y las Fuerzas de Seguridad investigaron el vídeo para identificar a los implicados. 

Ocho meses después, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que archiva provisionalmente la causa contra el único investigado –el autor de los disparos– respecto al delito de amenazas contra el Gobierno de la nación. Sin embargo, el magistrado ha decidido, a petición del fiscal, inhibirse a favor de los juzgados de Málaga para que investiguen si existió un delito de odio.

En una resolución de 10 páginas, a la que ha tenido acceso SUR, el juez aclara que los hechos tuvieron lugar a las cuatro de la tarde del 28 de mayo del año pasado –se viralizó días más tarde– en la armería deportiva Lince, en el polígono industrial El Viso. Se utilizó una escopeta de repetición del calibre 12 que la galería prestó al investigado para las prácticas de tiro en sus instalaciones.

Según el auto, «no consta que el autor de los disparos grabase el vídeo ni tampoco que lo compartiera». El juez considera que tampoco existe «elemento objetivo alguno» que permita deducir que la acción se escenificara con el objetivo de grabarla y difundirla «con vistas a intimidar a los políticos».

El juez expone: «El visionado de las imágenes y su contenido violento produce repulsión y alarma a cualquier persona». Pero no por ello, matiza en el auto, puede entenderse que la acción va dirigida contra la «dignidad institucional» de un alto órgano de la nación. «Se trata de fotografías individuales y no del Gobierno en grupo» a las que «se incorporó la foto de un diputado del Congreso que no es miembro del Gobierno», sin hacer referencia al Ejecutivo ni con mensajes ni referencias gráficas.

Para el juez, no se ha detectado que fuese algo premeditado o planificado. «Según parece, no había más fin que pasar un rato y matar el tiempo con la concurrencia improvisada de hacer unas prácticas de tiro en una armería», apostilla. Tras su detención, el autor de los disparos, defendido por la abogada Áurea Piédrola, alegó todo fue una «broma» entre ellos.

También subraya el magistrado que las fotos de los políticos «no fueron acopiadas previamente» por el investigado ni por sus acompañantes «ni las llevaron 'ex profeso' a la armería» para desarrollar su acción. «Al parecer, estaban allí mismo, y la lamentable y deleznable idea de utilizarlas surgió sobre la marcha», explica el juez.

El auto resalta que no hubo edición o montaje alguno del vídeo, sino que se trata de una «grabación bruta puramente doméstica». También destaca que no la subieron a redes sociales: «Fue enviado únicamente por whatsapp a otra persona, experimentando a partir de ahí un proceso de viralización incontrolada ajena a la voluntad directa de los partícipes».

El juez tiene en cuenta la actuación posterior del investigado y su grupo, al considerar que no emitieron mensajes en redes, no replicaron el vídeo ni se atribuyeron la autoría o se jactaron de su comportamiento con mensajes «agresivos e intimidantes» dirigidos al Gobierno. Es más, recuerda el magistrado, ocurrió justo lo contrario: el autor de los disparos mostró su pesar por lo sucedido y pidió perdón a las personas ofendidas.

Por todo lo anterior, concluye el juez que no existió un «anuncio serio, real, perseverante y decidido de un mal contra la vida». Y agrega: «La escenografía es jocosa, el tono es burlesco, se produce en una única ocasión y el autor se arrepiente inmediatamente».

Aunque el fiscal comparte esta tesis y solicita en su informe el archivo provisional de las amenazas, sí que considera que los hechos pueden revestir caracteres de un delito de odio, que es competencia del juzgado del lugar donde ocurrieron los hechos, y no de la Audiencia Nacional, de ahí que se haya acordado la inhibición.

Según el Ministerio Público, el contenido de las imágenes y su difusión «podrían tener una motivación ideológica» y ser susceptibles de crear un «caldo de cultivo, una atmósfera o ambiente social proclive a las acciones violentas».