La Junta de Andalucía crea una oficina contra el fraude para perseguir y prevenir la corrupción

La Junta de Andalucía creará una Oficina contra el fraude para perseguir y prevenir la corrupción política en la administración y otras instituciones. Este proyecto se contempla en el borrador de la Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, una iniciativa que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración prevé aprobar una vez concluya el próximo verano.

Este jueves, la secretaria general de regeneración, racionalización y transparencia, Nuria Gómez, ha presentado en Málaga la iniciativa a diferentes representantes de la Policía Judicial y la Justicia de Málaga. En el encuentro han participado los fiscales jefe y anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero y Francisco Jiménez Villarejo respectivamente; el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, José Luis Molina, y el jefe de sección de la UDEF, Marcos Romarís; y los tenientes de la la Guardia Civil Miguel Ángel Ruiz (Jefe de Policía Judicial) y Pedro Luis Gemar (jefe del Seprona).

En el encuentro, la secretaria les ha expuesto que el objetivo de la oficina será investigar, prevenir y sancionar las conductas delictivas en las administraciones. Se trata, por tanto, un organismo independiente, ya que estará adscrito al Parlamento y dependerá de funcionarios de carrera que serán considerados como autoridad pública, mientras que su director será elegido por la cámara.

Tras la reunión, Gómez ha destacado que tanto los representantes del Ministerio Público como los de la Policía Nacional y la Guardia Civil han visto en la futura Oficina contra el fraude «un medio de conexión entre sus investigaciones y lo que la Administración puede detectar» por lo que será una «herramienta clave».

Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.

El texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para «impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno».