Piden cárcel a una concejal de Igualdad de Granada por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual

Los hechos ocurrieron en junio de 2023. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, las dos acusadas actuaron «conforme a un plan previamente concertado» y eran conocedoras de que la hija de la víctima había sido citada para declarar en calidad de testigo en el juicio oral en relación a un caso que instruía el juzgado de menores número 2 de Granada por una presunta agresión sexual. Los hijos de las acusadas, que eran menores de edad, «figuraban como acusados». «Movidas por el deseo de atentar contra la integridad física de la denunciante, aprovecharon el momento en el que la vecina salía de la peluquería y se disponía a subirse a su vehículo para acercarse a ella. Tras decirle en «evidente tono de amenaza» «ahora sí, ya sí podemos», comenzaron a agredir propinándole tirones de pelos y golpes en la cabeza. Las acusadas tiraron al suelo a la víctima, donde continuaron agrediéndola y lesionándola. A continuación, se marcharon de la zona.

Además, dos meses antes y «movidas por el deseo de amedrentar» a la víctima, se personaron en el domicilio de la denunciante. En represalia por la actuación de la hija de la mujer le dijeron «alcahuetas, tenéis un grupo de Whatsapp y habéis denunciado a todos en contra de nuestros hijos», me has buscado la ruina, tenías que haber mediado con la madre de la niña para que no me denuncie». Posteriormente añadieron: «Esto lo vas a pagar» y «la madre de la niña también lo va a pagar», así como otra de las testigos. Esta situación generó en la víctima «gran tensión y desasosiego».

De forma paralela, según ha podido saber este medio por fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada ha admitido a trámite una querella contra la edil por un presunto delito de amenazas, lesiones psíquicas y descubrimiento y revelación de secretos. La querellante es una extrabajadora municipal que ha desempeñado sus funciones en la casa consistorial desde hace 15 años y fue trabajadora en el centro de información de la mujer de Pinos Puente. El Ayuntamiento le abrió expediente disciplinario y fue suspendida de empleo y sueldo en octubre de 2025.

La empleada alega que a consecuencia de que acompañara a una mujer a poner en conocimiento de la Guardia Civil la posible comisión de una agresión sexual ha sido acosada por la concejala. En abril de 2023, la funcionaria recibió una llamada por parte de una persona que puso en su conocimiento la posible existencia de unos hechos que podrían haber dado lugar a la comisión de una agresión sexual frente a una menor de edad por parte de unos adolescentes del municipio.

La mujer activó el protocolo y aconsejó a la chica que debía poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y acompañó a la informante. En el cuartel, se percataron de que uno de los adolescentes presuntamente implicados en la agresión sexual era hijo de la edil municipal. Días después la madre de la víctima decidió interponer la denuncia. La trabajadora se limitó a acompañar a una usuaria y el procedimiento siguió su curso.

El resultado final del pleito por la agresión sexual, hizo que la edil tomara supuestamente represalias con la trabajadora, a quién consideraba «la persona que denunció a mi hijo». La concejala degradó a la funcionaria y profirió amenazas contra ella: «Me tengo que enterar de quién es la mujer a la que acompañaste y ya la cogeré y la apañaré, ya me encargaré de ella», `»hay que ser muy hijas de puta para ir a la Guardia Civil y denunciar, «habéis destrozado a dos familias», «aprovecha ahora que tienes un trabajo»…

La situación laboral provocó ansiedad y depresión en la querellante y la mujer pasó a estar en situación de baja médica. La mujer tiene miedo a salir a la calle y encontrarse con la edil y teme por su integridad. En otra ocasión, la funcionaria no pudo acceder a su correo electrónico corporativo. Tras contactar con el informático municipal, le comunicó que, por orden superior, había modificado temporalmente su contraseña para buscar una grabación de la última asamblea del Consejo Municipal de Igualdad. Una vez recuperado el acceso a su cuenta, la querellante comprobó que durante el tiempo en que se le impidió acceder al perfil se enviaron dos correos electrónicos en su nombre.

Esta actuación supuso, a juicio de la querellante, una intromisión ilegítima en el correo corporativo, vulnerando sus derechos laborales, su derecho fundamental a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, y a la normativa de protección de datos. El informático, consciente de la irregularidad, exigió a la edil que asumiera por escrito la responsabilidad del cambio de contraseña sin consentimiento. El tribunal ha comenzado a citar a los testigos para que declaren ante el juez.