Un juez de Granada impone tres años de cárcel a una madre por el secuestro de su hijo

Junto a la pena de cárcel, también le imponen seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre el menor, a quien deberá entregar al padre, de iniciales H. G. T., en 15 días. Da la razón al fiscal, pues su defensa solicitaba la absolución.

La resolución declara probado que la procesada y el padre del menor habían mantenido una relación de la que nació el niño. Con el final de la relación, ambos suscribieron un convenio regulador, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, el mismo que llevó el caso de Juana Rivas en la vía civil. En el convenio acordaron que el padre ostentase la guarda y custodia del menor, aunque con la previsión de decidir en el futuro una custodia compartida si cambiasen las circunstancias. Incluso recogía la posibilidad de atribuir la guarda y custodia a la mujer si volvía a residir en España, teniendo en cuenta siempre el interés del menor.

El juez sostiene que, «sabiendo la acusada el contenido del convenio que ella misma había firmado y ratificado judicialmente, el 2 de junio de 2016 hizo saber a su ex pareja su deseo de ver al menor, que lo entregó bajo la promesa de ella de devolverlo el día 3, a las 15.00 horas». Pero no lo hizo. Se lo llevó a Francia, «donde lo tiene en su compañía, sin que su expareja haya podido verlo desde hace un año».

El fallo indica que la madre admitió haber firmado el convenio y que, además, «añadió que sabía que la custodia del niño se atribuyó al padre». Reconoció que se lo había llevado a Francia y explicó que si no lo entrega a H. G. T. es porque el crío le dijo que «el padre le pega».

El juez dice no tener dudas. Considera increíble el argumento de la defensa de que ella no ratificó el convenio o no recibió copia de la sentencia que lo aprobaba. Y es que, como recuerda, la sentencia del juzgado de familia refleja en sus antecedentes que el convenio fue ratificado. «Ella sabía la situación en la que se hallaba el menor bajo la guarda y custodia del padre cuando decide arrebatárselo», señala.

El magistrado añade que la mujer no ha probado que el menor haya sido maltratado por el padre, asunto que, en todo caso, «debe decidirlo el juzgado correspondiente en juicio contradictorio, donde se debe resolver si el interés del menor exige restringir las visitas con el padre».

Ve un delito de sustracción de menores, que castiga «al progenitor que, sin causa justificada para ello, sustrajere a su hijo menor». Se entiende por tal «el traslado del menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente o la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa». Para el juez, «está claro» que L. J. M. L. conocía la resolución y tuvo «una clara intención» de incumplirla.