Investigan por maltrato animal al dueño que denunció el robo viral de gallos

El pasado 16 de enero, la Benemérita, tras recibir información de la Guardia Civil de Soria, sobre la denuncia presentada en Soria por el titular, de una explotación por el robo de varios gallos en unas instalaciones de Valladolid, abrió diligencia por un presunto delito de maltrato animal dando conocimiento a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid. Este hecho ha generado una gran repercusión mediática tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación.

La Guardia Civil de Valladolid, como parte de la investigación, el pasado 22 de enero realizó una inspección de las instalaciones en colaboración con los Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, en una explotación de gallos ubicada en Valladolid. En el lugar se inspeccionaron 21 aves, 15 gallos y 6 gallinas de la raza combatiente español en su mayoría y algún cruce de las razas combatiente español-fénix.

Cinco de estos gallos presentaban las crestas y las barbillas amputadas sin acreditar que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Estos animales corresponden con los gallos sustraídos y posteriormente recuperados en Soria. El resto de los animales se encontraban en condiciones aceptables.

Estas intervenciones están reguladas en el apartado 2 del artículo 7, de condiciones de bienestar animal del R.D. 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. De los hechos inspeccionados se desprendió la carencia total de cualquier tipo de autorización, licencias permiso o comunicación a las distintas autoridades locales y autonómicas, por lo que se han instruido las diversas denuncias administrativas.

Entre ellas, destaca el hecho de no tener dado de alta un corral doméstico ni la comunicación ambiental al Ayuntamiento de Valladolid. Asimismo, no ha presentado la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas (REGA) de Castilla y León ni dispone de documentación que acredite que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico.

Asimismo, se están realizando gestiones con la empresa titular de la finca para conocer la legalidad de la situación de la explotación. Los animales han quedado inmovilizados en el lugar debido a la imposibilidad de encontrar una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad y en aplicación de la normativa sectorial.

Este delito está tipificado en el Código Penal, en su artículo 340 bis, y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid, si bien se continúa con las investigaciones.