El Govern catalán le cambia el nombre a la DGAIA y le quita poder

Tras el conocimiento del caso de la niña de 12 años que fue violada y prostituida por una red de pederastas en Barcelona mientras vivía en un centro bajo el paraguas de la administración catalana (entre 2020 y 2021) y después de que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina antifraude de Cataluña hayan abierto investigaciones por presuntas irregularidades, el Govern ha anunciado este lunes que ve necesario abrir una nueva etapa en la dirección general de atención a la infancia, que cambiará de nombre, de estructura organizativa y algunas funciones.

En un decreto ley, el Govern aprobará el próximo 3 de junio la supresión de la DGAIA, que se refundará como la dirección general de prevención y protección de la infancia y la adolescencia (DGPPIA), que la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha señalado este lunes que estará más centrada en la prevención y en la protección y menos centrada como hasta ahora en la entrada de menores a los centros. Cambios necesarios, según el Govern, para ser más «efectivos».

El Govern le cambia el nombre a la DGAIA, apuesta por redimensionar los equipos con 300 contrataciones, crea dos subdirecciones y le quita competencias a este organismo, que da apoyo a 20.000 menores en Cataluña. De tal manera, que las prestaciones económicas a los menores y las contrataciones de las plazas de acogida de los centros se gestionarán a través de otro departamento. La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude es en estos dos ámbitos donde precisamente ha detectado supuestas irregularidades. El Govern también ha asegurado que reducirá la externalización de servicios.

El Govern ha evitado criticar a los antiguos responsables de este departamento, pero sí ha admitido que el organismo presenta «deficiencias estructurales». A su juicio, en 10 años, la sociedad ha sufrido cambios profundos, que obligan a hacer cambios de calado en la atención a la infancia. En 10 años, por ejemplo, la cifra de niños que viven en centros tutelados se ha duplicado en Cataluña. La DGAIA tiene en su radar 19.610 menores. El 55% vive con sus familias, pero está bajo seguimiento de la administración. Casi 9.000 menores han sido retirados del domicilio parental y viven bajo la guardia o tutela de la administración catalana. Era el caso de la niña de 12 años que fue violada por un depredador sexual, que luego la ofrecía a una red de pederastas. Nadie en el centro donde vivía ni nadie en la administración detectó nada. Según la consejera, los cambios que acomete en su departamento no son una reacción a este caso o a las supuestas irregularidades, no estamos a su juicio ante un plan exprés. Pretende liberar de carga burocrática al departamento para que se centre en la prevención.

Pero en cambio, entre los cambios organizativos, sí se crean dos nuevas subdirecciones y dos oficinas fiscalizadoras dentro del organismo: una dedicada al seguimiento de incidencias graves y a la revisión de protocolos y otra encargada del control de la gestión.