Empleo sumergido: un millón de personas cobran bajo cuerda en España

Manuel (el nombre es ficticio) se multiplica cada día para ocuparse de los siete 'minijobs' que lleva para adelante. En enero, a sus 52 años, se dio de alta como autónomo aprovechando la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros, pero no todos sus ingresos los declara a Hacienda. «Si lo hiciera, no me compensaría trabajar tanto», se justifica este contable madrileño que lleva las cuentas de cinco empresas: «A tres de ellas les facturo todo en 'A'; a la cuarta, todo en 'B', y a la quinta, mitad y mitad».

Además, colabora como comercial en un despacho de abogados, que le paga un 50% de comisión por cada cliente que le lleva con productos tóxicos bancarios, y en una empresa constructora, en la que por cada proyecto nuevo que consigue se lleva el 3%. De eso, Hacienda no ve ni un solo euro.

Manuel gana el doble de los apenas mil euros que le consta a la Administración. «No cotizo lo que debería, pero a mí la jubilación me preocupa relativamente. Sé que cuando llegue, me van a dar leche y habas». Cobra en mano y toma sus precauciones para que no quede ningún rastro de la relación laboral irregular entre ambas partes. No es el único. Más de un millón de personas en España trabajan 'en negro'. Así lleva Manuel ocho años, desde que la constructora en la que ejerció como jefe de administración entrara en concurso de acreedores y acabara echando el cierre. No oculta que trabajó mientras estuvo cobrando el desempleo, una infracción muy grave que le pudo haber costado quedarse sin prestación. Pero ahí no queda todo.

Durante la década que trabajó en la constructora, en plena burbuja inmobiliaria y con 90 trabajadores a su cargo, fue partícipe de las irregularidades que se cometían. «Solo hacíamos constar en nómina el sueldo que, según convenio, le correspondía a cada trabajador por su categoría profesional; dietas y horas extras iban en un sobre aparte», recuerda. «Si una empresa declara todo lo que ganan sus empleados, que se olvide de ser competitiva, y eso en el sector de la construcción lo hace todo el mundo».

El trabajo 'en B' es solo una parte de la economía sumergida, que la Comisión Europea reconoce como aquella actividad remunerada «que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas, quedando al margen de su control y fiscalización». Cuando una empresa no da de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores o lo hace, pero esquiva el pago de las cotizaciones total o parcialmente, está cometiendo un fraude de ley que fomenta la competencia desleal, emborrona la futura jubilación de los afectados y, sobre todo, afecta a las arcas del Estado. «La economía sumergida en nuestro país representa el 24,6% del PIB y eso son 250.000 millones de euros que escapan al control fiscal y laboral. Según nuestras estimaciones, el dinero que el Estado deja de ingresar solo en concepto de impuestos y cuotas a la Seguridad Social está entre los 60.000 y los 70.000 millones de euros cada año», precisa José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Los motivos para trabajar 'en negro' son diversos: conseguir un pequeño sobresueldo que permita llegar a final de mes; poder seguir cobrando el paro, u obtener unas cantidades más altas de salario, pues se evitan todas las retenciones que se aplican a un trabajador con contrato y alta en la Seguridad Social.

Para Mollinedo, los defraudadores siempre tienen una excusa para justificar el fraude. Da igual que sea época de vacas gordas o flacas. «Cuando hay crisis económica, eluden pagar impuestos, porque si lo hacen no llegan a final de mes. Por el contrario, en época de crecimiento dicen: 'No voy a trabajar doce horas diarias, de lunes a sábado, para que luego llegue Hacienda y se lleve la mitad'. Es entonces cuando tratan de ocultar una parte de la facturación y la defraudan. Si son grandes empresas, se lo llevan a paraísos fiscales; si son medianas, lo destinan a repartir dividendos 'en B' para sus accionistas, y si son pequeñas, al consumo de los socios».

En un informe elaborado por estos técnicos de Hacienda hace cuatro años ya lo advertían: «En España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada». Mollinedo lo tiene claro: «Si consiguiéramos bajarlo diez puntos, podríamos recuperar 38.000 millones de euros y nos acercaría al promedio de otros países de la UE». Para eso, asegura, sería necesario aumentar la plantilla de inspectores y subinspectores de Trabajo (actualmente son 1.797 en total) y «redirigir las comprobaciones hacia los grandes focos del fraude». En su opinión, solo así podría aflorar un mayor número de empleos sumergidos. «En 2015, que fue un año récord de actuaciones de la Agencia Tributaria, salió a la luz solo el 19,1% (15.600 millones) de toda la evasión estimada. Eso significa que el restante 80,9% quedó impune en un año histórico en cuanto a la lucha contra el fraude», lamenta Mollinedo.

Ejemplos de la permisividad social que existe en España con las irregularidades que se cometen se encuentran a diario, cuando, por ejemplo, trabajadores autónomos acuden a casa a realizar una chapuza y preguntan: «¿Con o sin factura?», pero también en Internet, donde basta teclear 'trabajo en negro' para que los buscadores arrojen decenas de anuncios de candidatos que se ofrecen para hacerlo en distintos oficios y por circunstancias dispares. Lo grave es que lo encuentran.

A alguno, como Luis, no le ha quedado más remedio. Llegó hace cuatro meses a España desde Venezuela. Ha solicitado asilo político, pero por el momento su situación es irregular. «No tengo papeles y no me queda otra que trabajar sin contrato, pero lo que he encontrado hasta ahora es abusivo: me pagaban entre 15 y 20 euros al día en la construcción trabajando de siete de la mañana a diez de la noche. No estoy en condiciones de exigir, ni quiero ser una carga para España, pero esas condiciones son inaceptables».

El caso de Ángel es muy diferente. La crisis acabó con el negocio familiar en el que trabajó 15 años como impresor. Tuvo que buscarse la vida y encontró varios empleos a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Pero después de aquello, «no salía nada o pagaban muy mal». Ahora, a sus 45 años y tras ofrecerse para trabajar 'en negro', se lleva limpio para casa lo que gana como carretillero en una empresa de Murcia. «Me pagan 13 euros la hora y hago cinco diarias hasta el próximo mes de agosto. No es lo ideal, porque me preocupa no cotizar de cara a una jubilación, pero es lo que hay. Tengo una hipoteca y una familia a la que sacar adelante. Ahora toca sobrevivir».

Pero tener a una persona empleada sin haber sido dada de alta en la Seguridad Social puede acarrear importantes poblemas al empresario. «Es para pensárselo dos veces», advierte Javier Martín-Gavero, abogado especializado en Derecho Laboral del despacho Gómez-Villares&Atencia.

Está considerado una infracción grave, que conlleva una sanción de entre 3.000 y 10.000 euros, pero puede constituir una muy grave si la persona empleada sin contrato está cobrando la prestación por desempleo. En este caso, la multa se dispara y puede oscilar entre los 10.000 y los 187.000 euros. «Además, en este supuesto, la empresa podría verse obligada a responder solidariamente junto con el trabajador de la devolución del subsidio que ha cobrado mientras estaba trabajando irregularmente, y podría perder en lo sucesivo el derecho a posibles subvenciones y bonificaciones», detalla Martín-Gavero. El trabajador, por su parte, se vería obligado a devolver la prestación que recibió mientras trabajó e, incluso, podría ser sancionado con la pérdida de la prestación durante un tiempo.

Por otra parte, en el caso de que la empresa decidiera romper la relación con el trabajador, éste podría reclamar una indemnización. «Que no haya sido dado de alta no significa que no haya prestado un servicio por cuenta ajena y pueda reclamar por él», explica el abogado. «Además, en caso de que el trabajador enfermara o tuviera un accidente y pudiera acreditar de algún modo la relación laboral, la Seguridad Social repecutiría los gastos sobre la empresa». «A veces, estas irregularidades son una cuestión de costes y de cómo los empresarios gestionan el riesgo, porque mayoritariamente piensan: 'A mí no me va a pasar'», declara el letrado.