El ministro propone que el pacto educativo incluya un acuerdo de financiación

La propuesta de Íñigo Méndez de Vigo se produjo después de que tanto PSOE como Podemos, pero también Ciudadanos, dejasen claro, durante su comparencia en comisión, que la posibilidad de alcanzar un pacto nacional por la educación, que permita consensuar una ley que sustituya a la Lomce y pactar las medidas precisas para mejorar la calidad y equidad educativa, será muy escasa si no incluye también un compromiso para revertir los recortes del PP y elevar los presupuestos hasta aproximarse a las medias de la UE. Todos se mostraron abiertos a lograr el acuerdo, pero alertaron de que sin una importante inyección de recursos no llegará.

Méndez de Vigo se mostró de acuerdo con la demanda, pero no concretó qué esfuerzo inversor estará dispuesto a aceptar su Gobierno y el PP, y ni siquiera adelantó qué presupuesto va a tener su ministerio en 2017. Lo que sí precisó es que, se llegue al acuerdo de inversión que se llegue, "se tendrá que hacer gradualmente", pues los compromisos financieros españoles de control de déficit no permiten un salto.

Los tres principales grupos opositores sí que tienen una idea más clara de lo que exigen. Todos coincidieron en que España tiene que hacer un gran esfuerzo para compensar los 7.000 millones que el Gobierno ha recortado en educación desde 2011 y que España tiene que tender a invertir en el sistema docente, desde Infantil a la Universidad, el 6% del PIB, que es lo que destinan de forma sostenida los países más punteros.

De un 5% del PIB en 2011 al 3,86% este año

De hecho, el PSOE tomó las buenas palabras del ministro con precaución, porque su portavoz, Francisco Menacho, consideró que para cumplirlas deberá hacer una rectificación, "pues vamos en el sentido contrario". Menachó explicó que España ha pasado de destinar un 5% de su PIB a educación en 2011 a un 3,86% este año y añadió que, según los planes que el Gobierno a trasladado a la UE, en 2019 no tiene previsto pasar del 3,76%, lo que supondría recortar otros 1.000 millones.

El debate político en la Comisión de Educación del Senado dejó claro cuáles van a ser algunos de los puntos calientes de la negocición educativa. Entre ellos, además de la financiación, estarán, con seguridad, las becas, la religión en la escuela o los conciertos educativos con centros privados.

Toda la oposición reclamó al ministro la necesidad de cambiar la política de becas, para volver a convertirla en un derecho del alumno con escasos recursos, "y no en un premio", y para dotarla con presupuesto suficiente para que nadie deje de estudiar por no tener dinero para ello. Los socialistas aseguraron que en cinco años hay 3.600 becarios menos y que cada uno cobra unos 1.000 euros menos de media, lo que ha llevado a que decenas de miles de españoles no hayan podido llegar a la universidad o la hayan tenido que abandonar. Como Podemos, indicaron que lo más injusto es que se exija un 5,5 de nota para tener becada la matrícula y un 6,5 para recibir una ayuda complementaria, cuando con un 5 debería ser suficiente. Méndez de Vigo, que aseguró que en 2016 hay más becas y por más cuantía que nunca, defendió el decreto de 2013 que exigió el 5,5, porque es dinero "de todos los españoles" y los becarios deben mostrar un plus de "capacidad e interés", pero se mostró dispuesto a discutir su variación.

Tasas «injustas»

En los que sí estuvo de acuerdo el ministro con el resto de la oposición es en que el decreto por el que el Gobierno permitió en 2013 a las comunidades autónomas fijar los precios para los grados y máster de sus universidades ha llevado a una realidad "injusta y poco equitativa" y que estudia una posible revisión. El resultado de la medida es una subida generalizada de las matrículas, salvo en Asturias y Galicia, y que entre unas autonomías y otras haya diferencias de hasta 1.000 euros en una carrera. El PSOE pidió un precio único nacional.

Donde el ministro no parece tener intención de dar su brazo a torcer es con la religión, que desde la aprobación de la Lomce es de libre elección, pero se ha convertido en una asignatura más, con valor académico. Tampoco dijo nada, pese a que le interpelaron sobre ello varias veces, sobre la posibilidad de retirar los conciertos educativos a los centros que separan a los alumnos por razón de sexo.