Detienen a nueve trabajadores del centro de menores cerrado por orden judicial en Gran Canaria
Los arrestos se producen en el marco de una operación judicial por presuntos delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral dentro del centro
Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 19 de mayo 2025, 19:01
Nueve trabajadores del centro de menores con medidas de reforma Emena, ubicado en Monte Lentiscal (Santa Brígida), han sido detenidos este lunes por el Cuerpo ... General de la Policía Canaria en el marco de una operación judicial por presuntos delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral. Las detenciones se produjeron tras la orden de entrada y registro autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que también decretó el cierre y precinto del centro.
Los arrestos, de carácter policial, tienen como objetivo tomar declaración a los implicados, y se prevé que sean puestos en libertad en las próximas horas, ya que por ahora no se ha autorizado ninguna imputación formal. No se descarta que el número de detenidos aumente, ya que la operación se encuentra en fase de explotación.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la medida judicial se adoptó tras recabar «testimonios y evidencias de presuntos delitos contra la integridad moral y amenazas dentro del centro». Emena estaba gestionado por la entidad Quórum 77 y acogía hasta el lunes a menores de reforma tutelados por el Gobierno de Canarias.
El Juzgado ha enviado un oficio a la Consejería competente para comunicar el cierre del centro y solicitar que «adopte las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la protección de las personas que residían en él». La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y forma parte de las diligencias previas 2623/2024.
Así es el centro de menores registrado por orden judicial
El centro Demeanac La Fortaleza, ubicado en la antigua instalación del restaurante Maverick en la carretera de Bandama (Santa Brígida), albergaba en 2021 entre 80 y 100 menores migrantes. Establecido bajo el Real Decreto 23/2020 que le eximía de licencia municipal, operaba sin supervisión oficial en suelo rústico no destinado a este tipo de actividad, lo que provocó que el Ayuntamiento lo denunciara ante la Agencia de Protección del Medio Natural.
Los vecinos de la zona residencial denunciaban continuamente en problemas de convivencia, incluyendo ruidos nocturnos, peleas frecuentes, gestión inadecuada de residuos que atraía roedores, y acumulación de muebles rotos tras altercados. Las condiciones del centro, originalmente un restaurante, fueron cuestionadas por no reunir los requisitos necesarios para funcionar como residencia. Esta situación, según los residentes, degradó significativamente su calidad de vida, devaluó sus propiedades y generó un entorno de abandono y suciedad en la zona.
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