Tráfico revisará el carné por puntos tras el incremento de los fallecidos

Serrano destacó que dentro de ese pacto por la seguridad vial «se tiene que poner sobre la mesa qué medidas hacen falta para que el carné por puntos siga siendo un sistema útil para la reducción de la siniestralidad». «La DGT es plenamente consciente de que debemos pararnos, evaluar y decidir el futuro del carné por puntos», añadió. Y es que para el responsable de Tráfico, 2017 será un año «clave» en el que se tendrán que abordar distintas reformas legislativas, además de «renovar el parque automovilístico o seguir mejorando en la conservación de las vías». Para ello insistió en pedir la colaboración de los partidos políticos y de todos los sectores implicados, porque «tenemos claro que no podemos hacerlo solos».

Respecto al incremento de la siniestralidad durante 2016, Serrano lo explicó por el «aumento de entre un 5% y un 6% del número de desplazamientos tras la recuperación económica» y por «causas clásicas» como el menor uso del cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y de drogas y los excesos de velocidad, «que es donde la DGT tiene que atacar».

Desafíos pendientes

Serrano demuestra que quiere recuperar el consenso que había existido en toda la etapa democrática en materia de seguridad vial, un acuerdo que se perdió durante la pasada legislatura. De esta manera, el director general de Tráfico podrá abordar los reglamentos derivados de la reforma de la Ley de Seguridad Vial, aprobada a finales de 2013. Desde entonces, está pendiente el de Circulación, norma básica para dirigir los comportamientos y las situaciones al volante. El proyecto presentado por el Gobierno en la pasada legislatura contó con el rechazo tanto de los sectores implicados como de la oposición parlamentaria y del Consejo de Estado.

Cabe recordar que una de las medidas más controvertidas del proyecto de Reglamento era la relativa a los límites de velocidad, tanto en lo referente a su incremento puntual hasta los 130 km/h en autovías y autopistas como a su reducción de 100 a 90 km/h en todas las carreteras convencionales con el arcén más ancho y la disminución de 50 a 30 km/h en ciudad. Esta reducción de la velocidad en las zonas urbanas contó con el apoyo de los ayuntamientos que tratan de reducir la contaminación, la siniestralidad y disuadir del uso del vehículo privado, de las organizaciones de ciclistas, ecologistas y también de las víctimas de accidentes.

Otros caballos de batalla del Reglamento de Circulación hacían referencia a las nuevas políticas de movilidad y, de manera especial, a la bicicleta. El proyecto de real decreto suponía toda una revolución al pasar la bicicleta de ser considerada como un vehículo de ocio y deporte a ser ya un medio de transporte más que comparte la calzada con el resto de vehículos a motor.

El uso del casco por los ciclistas constituyó quizá la parte más polémica en lo referente a la bici. Su obligatoriedad en ciudad para los menores de 16 años, junto a la circulación por aceras, dividió a políticos y usuarios. Ahora tendrá que ser replanteado todo el articulado.

Pero además de las reformas legales, Gregorio Serrano tendrá que afrontar reclamaciones sindicales, tales como el incremento de la plantilla de examinadores. También deberá recuperar la imagen de la DGT, dañada tras las supuestas irregularidades en la adjudicación de un estudio a la empresa del marido de la anterior directora general, María Seguí, o las sospechas en la asignación de los cursos para la recuperación de puntos del carné de conducir.