Andalucía registró en 2021 un aumento del 8% en los delitos de odio LGTBI

Tal como se indica en este estudio anual, la comunidad autónoma contabilizó 367 casos de un total de 279 personas atendidas con el fin de obtener atención, asesoramiento, apoyo o presentar una queja. Esto supone un 8 por ciento más que en 2020. Desde la institución explican que tras recopilar los datos, se realizó un segundo análisis cualitativo, es decir por distinguir entre estos incidentes, cuando la atención está motivada por el comportamiento percibido por el usuario como discriminatorio, ofensivo o directamente violento; y el consejo, cuando la atención es una consulta motivada por dudas o situaciones que requieren ayuda, pero no involucran ninguno de los casos anteriores.

Así las cosas, casi la mitad de las víctimas (42%) eran menores de 30 años; y solo el 11% eran mayores de 50. Para el Observatorio resulta «muy alarmante» que sean los jóvenes los que más sufren esta violencia, entre ellos muchos adolescentes. De todas estas incidencias, casi el 20 por ciento (19) han ocurrido en la provincia de Málaga, mientras que Cádiz y Sevilla registran cifras similares. De hecho, del estudio se desprende que buena parte de ellas ocurren en poblaciones con mayor densidad de población.

En el informe de 2021 se destaca que lo más común es la coexistencia de varios incidentes al mismo tiempo. Junto a la agresión física suele haber una agresión verbal, lo que se considera una discriminación múltiple. De todas estas incidencias se observa que hay una clara mayoría de hombres gays afectados (66%) frente a un 28% de mujeres lesbianas. Cerca de un 32% de las víctimas han sido personas trans; una cantidad que para el Observatorio es «muy baja» teniendo en cuenta la realidad de las personas trans, quienes son, con diferencia las que más sufren una clara discriminación y falta de inserción social y laboral.

Esto último refuerza la idea de las infradenuncias, que para los responsables del informe sigue siendo el patrón de comportamiento habitual. «En más de la mitad de los casos las víctimas no se atrevieron a informar por temor al rechazo de sus familiares y amigos, la vergüenza o el miedo a ser asaltados nuevamente», recalcan. Más allá de esto, desde el Observatorio destacan que en el año 2021 se encuentra una cifra similar en cuanto a las agresiones físicas con respecto al año anterior y una disminución de un simbólico 1% en cuanto a derecho de admisión o negación de un servicio. Sin embargo, se percibe un aumento del 8% en los discursos de odio en medios.

Dejando a un lado las cifras, el Observatorio contra la LGTBIfobia avisa de que las agresiones físicas y tradicionales que el colectivo LGTBI ha sufrido históricamente están siendo reemplazados o sustituidos poco a poco por una violencia «más simbólica», como las pintadas a monumentos LGBT en los espacios públicos o el discurso de la colocación de la bandera arcoíris en lugares públicos, que ya se daban en años anteriores y que han ido incrementado; poniendo a Madrid como caso paradigmático. «A pesar de ello, no debemos olvidar que la violencia física y verbal, el acoso o el ciberbullying continúan ocupando un destacado lugar en términos de la tipología de los incidentes de odio, tan superados por los exclusivamente verbales que, en el caso de algunos medios, están reemplazando el insulto tradicional», añaden.

Para la abogada y presidenta de la asociación Ojalá, Charo Alises, los datos del Observatorio son solo la punta del iceberg. Para la jurista, solo se denuncia el 10 por ciento de los delitos de odio (aún menos de lo que dice el estudio«. »Hay muchos factores, porque la gente piensa que no le van a hacer caso, que no les van a creer, que no sirve para nada«. Pero también hay otros, como el caso de las personas en situación administrativa irregular, que »tienen miedo de que les echen del país«, matiza.

Alises recuerda que un delito de odio es aquel que se comete contra una persona porque pertenece a un grupo determinado. «Cuando te dicen 'maricón' por la calle, da igual que lo seas o no», afirma. «Igual que no todos los delitos que se cometen contra una persona LGTBI es de odio», matiza. Aun así, el problema -para Alises- es que muchas veces es complicado demostrar el motivo. Para ello están los indicadores de polarización: «las palabras que te dicen mientras te agreden; el sitio en el que lo hacen; la fecha (por ejemplo el Orgullo); que la agresión sea gratuita (sin motivo aparente); que se identifique con una ideología totalitaria; que la víctima lleve algún distintivo del colectivo...», desgrana.

Precisamente por esto, la presidenta de Ojalá resalta la importancia de la formación, algo que están haciendo «muy bien» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Lo de los juzgados ya es otro tema. Cuesta que vean los delitos de odio y que los califiquen como tal, y eso aumenta la cifra de delitos que no aparecen en la estadística. Crea frustración en la víctima», reconoce Alises, que pide más formación a los agentes jurídicos.