Reflexiones previas en torno a la reforma fiscal

Dentro de ese panorama general, la situación de las finanzas públicas en España no es demasiado halagüeña. Incluso sin incorporar los requerimientos asociados al mayor gasto en defensa, ya simplemente el esfuerzo presupuestario permanente necesario, a partir de 2026, para situar la ratio deuda pública/PIB en el 60% en el año 2070 es muy considerable, cifrándose en unos 5 puntos porcentuales sobre el PIB. Según las proyecciones de la AIReF, en un hipotético escenario base sin medidas adicionales, la deuda pública alcanzaría un 181% del PIB en 2070.

La conclusión es bastante evidente: se requiere una significativa reestructuración de las finanzas públicas para asentarlas en una senda sostenible y poder generar suficiente espacio fiscal. España necesita revisar y reformar su estructura impositiva, pero la primera medida obligada de 'reforma fiscal' reside en la vertiente del gasto público, donde han de primarse los desembolsos que respondan a necesidades sociales efectivas y que se ejecuten con las mayores dosis de economía, eficiencia y eficacia.

La fiscalidad atraviesa una fase de cambios muy significativos, tanto en la esfera nacional como en la internacional. No obstante, es preciso llamar la atención sobre el limitado conocimiento de determinadas parcelas de la realidad tributaria, especialmente respecto a cuestiones sustanciales relativas a la carga fiscal efectiva y a su distribución final entre los agentes económicos.

La obtención de los ingresos fiscales requeridos debe hacerse preservando la equidad, así como la eficiencia y la competitividad de la economía. A tal efecto, las siguientes pautas de actuación reclaman atención: i) ampliación de bases imponibles, frente a aumento de tipos de gravamen; ii) restricción del uso de beneficios fiscales, condicionado a una adecuada relación coste-eficacia; iii) traslado de la carga tributaria desde el trabajo hacia bases menos perjudiciales para el crecimiento.

Hay distintas opciones para la reforma de la fiscalidad individual y empresarial con diferentes implicaciones. El sistema fiscal debe adaptarse a corto plazo para hacer frente a los requerimientos existentes, pero al mismo tiempo debe ir amoldándose a los nuevos paradigmas económicos, en una economía en la que la renta y la riqueza van adquiriendo nuevas formas.

En el debate es necesario incorporar la perspectiva del análisis económico: a) cuantificar la cuña fiscal del trabajo; b) tener presente las repercusiones para la inversión y la productividad, por la vía de la influencia sobre el coste del capital; c) prestar atención, al margen del impacto de la carga tributaria, a los costes regulatorios y de cumplimiento; d) poner de relieve el alcance de la incidencia económica, es decir, quién acaba soportando realmente la carga impositiva; y e) considerar los costes ocultos de la imposición inherentes a las distorsiones económicas causadas.

De igual manera, no se puede ignorar la trascendencia de los aspectos institucionales. Es fundamental diseñar un sistema tributario racional, pero es clave preservar la competencia en un marco de seguridad jurídica y libertad económica. La elevación de la moral tributaria desempeña un papel muy relevante de cara al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Hay diversos factores que la favorecen, como la educación tributaria, la eficiencia del gasto público y la rendición de cuentas, pero la percepción social respecto a la erradicación del fraude fiscal y fenómenos relacionados es absolutamente crucial.

Estamos, en fin, ante una cuestión de principios impositivos, que marcan los cánones de un buen sistema fiscal. La relación que hay que atender es extensa, pero inicialmente procede recordar uno, aunque esencial, bastante olvidado en los manuales, un principio propugnado -hace cinco siglos- por la Escuela de Salamanca: «Los impuestos deben tener una causa justa». Esto es, el establecimiento de impuestos debe estar subordinado, antes que nada, al interés general.