Máquina de desinformar

Resulta que la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, denunció en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que Andalucía había renunciado a 112 millones de euros para crear 12.000 nuevas plazas públicas y gratuitas de guarderías. Alegría acusó al presidente autonómico, Juanma Moreno Bonilla, de rechazar esa financiación que habría permitido que «nada más y nada menos que 12.000 familias andaluzas hubieran podido disfrutar de una plaza de educación infantil pública y gratuita». Reconozco que cuando vi y escuché el vídeo de tres minutos de la portavoz no podía salir de mi asombro y reflexioné sobre la forma en la se hace política en este país. Su intervención debería enseñarse en las universidades como un ejemplo fabuloso de desinformación. Y paso a explicarme.

El Gobierno de España pretendía que se crearan 12.000 nuevas plazas públicas de guardería en Andalucía cuando este mismo curso han quedado sin cubrir 34.000 puestos debido al descenso de la natalidad. Por este motivo, Andalucía rechazó esa financiación de la Unión Europea. Imagino que alguien en el Gobierno debería tener este dato, por lo que es más difícil aún entender por qué quería invertir 112 millones de euros en algo que no hace falta. Quizá, debió de pensar alguno, era una forma de atacar a la Junta, aunque para ello hubiese que mentir y ocultar datos tan relevantes.

Pero la cosa no queda ahí. Cataluña y el País Vasco también renunciaron a la creación de nuevas plazas de guarderías, precisamente porque el problema de la falta de alumnos afecta a toda España. Pero claro, Alegría no habló en su retahíla de lamentos de los casos catalán o vasco.

Andalucía propuso al Gobierno que ese dinero de Europa se dedicara a subvencionar a esas familias que tanto preocupan supuestamente a la ministra portavoz. De hecho, en Andalucía, a raíz de un plan puesto en marcha en 2017, se subvenciona ya la mayor parte de la educación infantil. El 48,6 por ciento de las familias no pagan nada por llevar a sus hijos a la guardería y otro porcentaje de población recibe alguna ayuda en función de la renta, como bien explicaba esta semana el periodista Francisco Gutiérrez en estas mismas páginas.

Pero el Gobierno se negó a que ese dinero se pudiese dedicar a ampliar el rango de subvenciones. Es decir, a ampliar la gratuidad de esta enseñanza. Lo extraño en este caso tan paranormal es que el Gobierno sí aceptó la petición del Ejecutivo vasco de redirigir esos fondos europeos a otras necesidades de este ciclo educativo. No sabemos aún qué diferencia hay entre Andalucía y el País Vasco para esta distinción de trato. O sí.

Y lo llamativo es que este tipo de ayudas, que pusieron en marcha la Junta en la etapa del PSOE y que luego mantuvo el PP, ha permitido el crecimiento del número de menores en guarderías un 14 por ciento en sólo seis años, con una tasa de escolarización –este ciclo no es obligatorio en España– del 60 por ciento, muy por encima de la media nacional, que es del 41,8 por ciento. Por poner un ejemplo, esta tasa en el País Vasco es del 70 por ciento y los países con mayor porcentaje en Europa son Suecia (47,3 por ciento) y Noruega (58,9 por ciento).

No se entiende, por tanto, la negativa del Gobierno a que esos 112 millones se hayan podido dedicar en Andalucía a fomentar y subvencionar la escolarización de menores de 0 a 3 años, lo cual, además, sería un desahogo importante para familias que no están en el cupo de gratuidad, porque el coste medio de una guardería pública o concertada es de 240,53 euros, a los que hay que sumar los 92 euros de comedor y otros 63,64 euros si se utiliza el turno de tarde.

Todo es incomprensible y tiene un punto de indignante el hecho de que la portavocía del Gobierno de España se convierta en una máquina de desinformación utilizando, además, la educación como arma arrojadiza.

Y aunque sea inevitable que algunos vean este asunto desde la polarización, el hecho es de extrema gravedad más allá de las siglas, los partidos y la ideología. El lodo, del que tanto se quejan algunos, emana en casos como este del propio Consejo de Ministros. Ni siquiera la educación se libra de este barrizal porque en estos tiempos todo, absolutamente todo, está dirigido a un fin único: el poder. El poder, eso sí, de unos pocos.