Nada inocente

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

La petición de Vox en Andalucía para conocer los datos de los trabajadores de las unidades de violencia de género no puede considerarse una iniciativa más en favor de la transparencia y la regeneración. Somos tontos, pero no tanto. No hay que olvidar que el partido ultraderechista quiso conseguir sus nombres y señas de identidad, pero se lo impidió la ley de protección de datos. Pero sí ha logrado que la Consejería de Igualdad dé, a todos los grupos parlamentarios, una relación de la titulación de los profesionales, así como su correspondiente colegiación, y solo parece haber dudas respeto a este extremo, y en un porcentaje de casos no en la capacitación de los profesionales que atienden estas unidades.

No se puede creer, digo, que Vox quiera empezar por algún lado su tarea política, porque ya venía de origen marcado por el negacionismo de la violencia contra las mujeres, explícito en su propuesta de derogar las leyes correspondientes. Verde y con asas. La línea de actuación es clara: socavar la credibilidad de estas unidades, soplar el aliento en el cogote de sus empleados, para que sepan que van a por ellos, y de paso conseguir que las víctimas se sientan más inseguras a la hora de pedir ayuda. Se intenta extender el descrédito, ese ruido populista de barra de bar, a partir de ahí, hacia toda la reivindicación que el feminismo ha construido con tanto esfuerzo. Hay a quien le recuerda la terrible ofensiva que el PP de Madrid desató contra la medicina de cuidados paliativos del doctor Montes, a quien acusaron incluso de supuestos crímenes, que se demostraron falsos.

En todo caso, no se puede olvidar que su líder regional, Francisco Serrano, tiene un bufete abierto en el que trabaja con estos casos, declarado compatible por la nueva mayoría del Parlamento andaluz. No hay que ser un lince para adivinar cómo se puede beneficiar de todo ello. Está muy bien que se escrute el trabajo de las unidades de violencia de género, que se mejoren y se optimicen. El problema en ellas no es de falta de preparación, sino de escasos medios. Hay incluso un informe del Defensor del Pueblo que lo denuncia. No es que la calificación de las víctimas se haga al alza, que se regale, como sugieren los ultras, sino que por el contrario se deniegan y retrasan más de lo debido porque no cuentan con medios suficientes para hacer bien su trabajo. De hecho, algunas mujeres asesinadas habían sido calificadas como de bajo riesgo, por cierto sin que haya pasado nada, que sepamos, con sus evaluadores.

El Gobierno andaluz de PP y Cs tiene aquí una ocasión de oro para desmarcarse de facto de este negacionismo ultra: dotar mejor a estas unidades y extender la especialización en violencia de género a toda la cadena, empezando por la judicatura y siguiendo con fiscalía, policías, etc., e incrementar la actividad para dar certidumbre a las víctimas de que serán acompañadas y ayudadas. De no ser así, Vox ya habrá ganado.