Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos

El primer movimiento de esta endemoniada partida fue el momento en el que las eléctricas solicitaron al Gobierno la prórroga -sin contrapartidas fiscales, de momento- del cierre de la central nuclear de Almaraz más allá de las fechas previstas, que son noviembre de 2027 para el reactor 1 y noviembre de 2028 para el reactor 2. El objetivo es alargar su vida útil hasta finales de junio de 2030. El segundo movimiento será cuando la enorme presión política, mediática y corporativa intente doblar la rodilla al Ejecutivo, que se ha dado hasta marzo para tomar la decisión. Como ejemplos de jugadas sucias e inmorales que aumentan la presión: el proyecto de ley de hace unos meses en el Congreso o las enmiendas a la ley de movilidad de hace dos semanas en el Senado, ambas presentadas por el PP, ambas con la intención de evitar que el Gobierno mantenga el calendario de cierre nuclear.

El tercer movimiento será obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que les permita extender la operación sin mayores inversiones. El CSN es un organismo independiente que ha de dictaminar qué condiciones se imponen a la central para operar de manera segura. Almaraz tiene pendientes una serie de inversiones estandarizadas a nivel mundial después del accidente de Fukushima. Una cuarta jugada, quizás la definitiva, se refiere a la otra condición marcada por el Ejecutivo: la seguridad de suministro eléctrico, que corresponde garantizar al gestor del sistema, Red Eléctrica de España (REE), ya que ninguna planta puede entrar o salir del sistema sin su aprobación.

Si estas jugadas 'maestras' funcionan y tanto el Gobierno como el CSN y REE acceden, el jaque mate estaría casi asegurado, en forma de extensión más allá de 2035 de todas las nucleares en condiciones de fiscalidad ventajosa. Solo será preciso esperar a que se acerque 2030 con la central operando (gobierne quien gobierne en esa fecha) para que se materialice.

¿Por qué el jaque mate es difícilmente eludible? El 1 de octubre de 2030 está previsto el cierre del reactor de Ascó I (Tarragona), y el 30 de noviembre, del reactor de Cofrentes (Valencia). Si el Gobierno accediera a la extensión de Almaraz hasta 2030, se daría la situación de que el sistema eléctrico tendría que asumir el cierre de cuatro reactores el mismo año. Por el tamaño de estos, en torno a 1.000 MW cada uno, es más de lo que el gestor del sistema (REE) y el gestor de desmantelamiento (Enresa) pueden asumir con seguridad en un solo año. Además, el Instituto de Transición Justa (ITJ), que ha de velar por dar alternativas dignas en las regiones nucleares, tampoco puede asumir trabajar en tres zonas en paralelo. Por algo el calendario de cierre tiene espaciadas las clausuras en casi una década. Ningún gobierno se la jugaría a esta absoluta temeridad, y menos con el poder mediático en contra. Y todo para que el oligopolio energético siga ganando mucho dinero y mantenga su hegemonía, mientras los residuos nucleares y el riesgo de accidente los sigue pagando la sociedad presente y futura.

Los tiempos cambian, la época de la energía nuclear ya pasó, hay que cerrar las centrales antes o después. Ahora, al final de su vida de diseño (+40 años), es el mejor momento, sobre todo cuando estamos viendo que no pueden convivir con las renovables sin enormes pérdidas para estas por la falta de flexibilidad de la nuclear. El despliegue de alternativas ya está en marcha. La combinación de energía solar, eólica, almacenamiento y gestión inteligente y eficiente de la demanda funciona. Somos referente en transición energética, pero su despliegue no está garantizado: es frágil a cualquier titubeo en política energética. El sistema que ya está emergiendo es, sin duda, más limpio, seguro y barato.

Necesitamos que el Gobierno se mantenga firme y evite el jaque nuclear en su primer movimiento. Es hora de obligar a que la industria nuclear abandone esta absurda partida y asuma la única decisión responsable: realizar de manera segura y ordenada el cierre definitivo de los reactores.