Divorcios de 'plomo': un problema social oculto

Si bien la decisión de divorciarse pertenece al ámbito más privado de cada persona, las consecuencias de la misma desbordan la esfera estrictamente individual, pues involucran a terceros y tienen una evidente proyección social al afectar a ámbitos tan diversos como el educativo, el laboral, el sanitario o el de servicios sociales. Un 'mal divorcio' suele traducirse en menores con problemas (bajo rendimiento escolar, conflictividad social, padecimientos psíquicos), adultos estresados (bajas laborales, usuarios de servicios médicos y sociales) y en un aparato judicial sobreexplotado y desnaturalizado, donde el juez termina convertido en un 'tercer progenitor dirimente' ante la incapacidad de los padres para adoptar decisiones consensuadas respecto a sus hijos.

Pese al elevado coste social que esta problemática supone, sorprendentemente, no es objeto de atención ni por la ciudadanía ni por los poderes públicos. Los divorcios 'de plomo' no parecen preocupar a casi nadie, pese a que estamos en presencia de una parcela de la realidad muy importante por el número de personas a las que afecta y las secuelas que generan, muchas de ellas para toda la vida. La explicación de esta pasividad podría estar en que el divorcio sigue considerándose como algo privado, de adultos, y un terreno solo para juristas, prescindiéndose de otras consideraciones: el interés prioritario de los menores, la importancia de las perspectivas psicoemocionales o la necesaria intervención de profesionales no jurídicos.

Y basta un ejemplo para ilustrar esa indiferencia social: mientras que cualquier crisis laboral o mercantil de un ciudadano es resuelta por un juez especializado en la materia que aplica leyes específicas, la crisis familiar de ese mismo ciudadano será atendida por un juez al que no se le exige una formación multidisciplinar acorde a la complejidad del conflicto familiar, y que tiene que valerse de un código civil del siglo diecinueve pensado, sobre todo, para decidir pleitos patrimoniales.

Mejorar la gestión de los conflictos familiares de ruptura y evitar las patologías sociales que acompañan a muchos de ellos no tiene por que aparejar un gasto relevante. Es más, supondrá un ahorro a medio y largo plazo para el Estado. Crear juzgados y jueces verdaderamente especializados, elaborar un Código de Familia(s), fomentar la mediación o reconocer el importante papel que deberían desempeñar otros profesionales y recursos no jurídicos (Puntos de Encuentro Familiar, coordinadores de parentalidad o terapeutas posruptura) mejoraría enormemente la calidad de la respuesta que se está dando actualmente.

En definitiva, se trata de hacer las cosas de otra forma y conseguir que esos divorcios 'de plomo' tengan los menores costes posibles para sus protagonistas y para la sociedad. Y sobre todo, que no impidan a muchos niños y niñas volar felizmente en la vida tras la separación de sus progenitores.