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¿Certificados para ver deporte?

LA TRIBUNA ·

Aún no sabemos si las vacunas con las que contamos ahora serán capaces de evitar la transmisión o si solo conseguirán que no desarrollemos la enfermedad

ÍÑIGO DE MIGUEL BERIAIN / ANTONIO DIÉGUEZ LUCENA

Sábado, 26 de diciembre 2020, 09:44

Hace unos días, el presidente andaluz, Juanma Moreno, señalaba que su Gobierno está estudiando la posibilidad de condicionar el acceso de la ciudadanía a ciertos eventos multitudinarios, como los deportivos, a la presentación de un certificado expedido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que adoptaría probablemente la forma de un código QR. Al parecer, dicho certificado (aún sin denominación oficial) podrá obtenerse o bien por el hecho de haberse vacunado frente a la COVID o bien con una prueba PCR negativa realizada 70 horas antes antes del evento.

Probablemente, una iniciativa así generará polémica. No faltan razones. La posibilidad de impedir el acceso a recintos a algunos colectivos no es nueva, pero hasta ahora se había limitado a personas que podían causar problemas relacionados con la seguridad pública. Extender estas previsiones por razones relacionadas con la defensa de la salud pública requiere seguramente de modificaciones normativas y, desde luego, de una cuidadosa planificación y justificación que ordene adecuadamente tanto el dispositivo que alojará el certificado y sus funcionalidades como la forma de obtenerlo, su uso, etc. La IATA, en el ámbito de la aviación comercial, está desarrollando un prototipo que puede ser muy útil a este respecto.

En todo caso, cobra particular interés subrayar que el objetivo de una medida como ésta ha de ser, estrictamente, la previsión del contagio, no imponer la vacunación, al menos si se sigue manteniendo que no va a ser obligatoria. El foco ha de ponerse siempre en la infectividad, esto es, en la posibilidad de que una persona pueda transmitir el virus, no en el hecho de estar vacunado o no. Lo que el certificado del que hablaba el presidente andaluz debería hacer es asegurar que la persona que lo porte no puede contagiar. Esto lo acreditan múltiples pruebas, no solo las PCRs, sino también los test de antígenos u otros que están apareciendo ya, como los basados en las tecnologías CRISPR-Cas. Por tanto, habría que considerar una mayor flexibilidad en ese sentido. Por el contrario, habría que tener presente que un certificado de vacunación, por sí mismo, no sirve para demostrar esa falta de infectividad, porque aún no sabemos si las vacunas con las que contamos ahora mismo serán capaces de evitar la transmisión del virus o si sólo conseguirán evitar que desarrollemos la enfermedad. También es dudoso si el hecho de haber pasado la COVID es relevante o no a este respecto. Actualmente estamos considerando que sí (no se somete a cuarentena a los contactos directos de un positivo que han pasado la enfermedad en los últimos tres meses). Lo coherente, por tanto, sería extender esa presunción a los casos en los que se trate de acceder a un recinto deportivo.

También es necesario destacar que las medidas de este tipo sólo son razonables si introducen garantías que permitan preservar un valor tan importante como la equidad. No es de recibo que se imponga la realización de unas pruebas por las que se cobran precios prohibitivos si uno no quiere vacunarse (o no puede por motivos de salud, que hay casos). Esto sería tanto como obligar de manera más o menos encubierta a los menos favorecidos a vacunarse más tarde o más temprano.

Entendemos que el objetivo que se persigue con estas medidas, que no es otro que salvar vidas y alcanzar lo antes posible la inmunidad de grupo, es absolutamente loable, y compartimos con el presidente de la Junta la convicción de que hacer la vacunación obligatoria sería una medida impopular, quizás contraproducente, y, sobre todo, no justificada en la situación actual. En salud pública debe tenderse siempre a la aplicación de las medidas menos restrictivas, no solo por respeto a la autonomía de los individuos, sino porque suelen ser las más efectivas a la larga. Pero lo congruente entonces será, precisamente, confiar en que la introducción de certificados y el incremento del número de recintos a los que sólo se podrá acceder gracias a ellos será una forma razonable de conciliar los intereses de todos a corto o medio plazo y que el tiempo hará el resto.

No queremos, en todo caso, terminar sin subrayar que, con toda la importancia que puedan tener los eventos deportivos, parecería más lógico incluir en esta forma de acceso condicional otros recintos de particular interés, como residencias de ancianos o determinadas zonas de los recintos sanitarios, cuyo blindaje frente al virus parece más necesario. Ojalá que así sea.

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