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Repaso general

El laberinto marbellí

El problema del urbanismo en la localidad costasoleña no es ya la sentencia del Supremo que anula el PGOU, sino la sensación de que no se sabe qué hacer ahora / Villalobos pierde la batalla y es desplazada al segundo puesto en la lista del PP, que encabezará García Urbano

Javier Recio

Domingo, 8 de noviembre 2015, 10:59

Nadie podía esperar que a estas alturas, coincidiendo con los diez años del comienzo del caso Malaya, la situación urbanística en Marbella estaría prácticamente igual que hace una década. El Supremo ha echado un jarro de agua fría al anular el PGOU que en teoría arreglaba los desaguisados del gilismo, que devolvía la seguridad jurídica a los casi 16.500 propietarios de casas que se habían levantado en suelo no urbanizable. Culpar al Supremo de aplicar la ley sería una soberana tontería, pues el Alto Tribunal lo que ha determinado es que el camino elegido para intentar solucionar el problema no es el correcto. Lo que declaró ilegal un juez que no lo legalice un PGOU. Esta es en resumen la postura del Supremo. Todo esto está muy bien, pero la gente, sobre todo los que viven en esas miles de viviendas que han vuelto a ser declaradas ilegales, no sabe qué va a pasar ahora. Por no saberlo no lo saben ni los responsables del Ayuntamiento de Marbella ni los de la propia Junta de Andalucía. Nadie lo tiene meridianamente claro, de ahí que el problema sea de una magnitud superior, porque no se le ve una salida. El Supremo lo ha dejado claro: cualquier maniobra legislativa que se lleve a cabo para enmendar la situación anterior está abocada de nuevo al fracaso. Ni siquiera una especie de ley de punto final alcanzaría su objetivo, pues atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva que encontraron los que pleitearon en su día contra el Ayuntamiento de Marbella. O sea, que se daría la paradoja de que la propia Junta de Andalucía se vería perjudicada en los casos en los que instó con éxito la demolición de un edificio. Es muy difícil no hacer cumplir una sentencia. Es lo que tiene vivir en un Estado de Derecho. En la resolución del Supremo se insinúa cuál puede ser la salida para esos propietarios de viviendas que están afectados. Se apunta que debe ser en el trámite de ejecución de sentencia cuando se vea si efectivamente se dan unas nuevas circunstancias urbanísticas que pudieran dejar sin efecto la resolución, pero no dice cómo, entre otras cosas porque no tiene por qué decirlo. Parece que se tendría que hacer un nuevo PGOU desde cero, pues intentar arreglar al recientemente anulado no conduce a ninguna parte, toda vez que su redacción está impregnada de un único objetivo: salvar lo ilegal. Y eso es precisamente lo que no ha tolerado el Alto Tribunal. Por tanto el objetivo sería hacer un nuevo planteamiento obviando este problema, sin entrar en tantos detalles para que después en los tribunales se pueda decidir si pueden salvarse esas casas. Son muchos los condicionantes hasta llegar a ese punto, pues para ello es necesario que ninguna de las partes inste ya a la ejecución de las sentencias que hay dictadas en las que se han declarado la ilegalidad de miles de viviendas. A día de hoy si una de las partes lo pide el TSJA está obligado a hacerlo. Al problema de las viviendas ilegales hay que añadir la parálisis que va a sufrir Marbella. Nadie vendrá a invertir a una ciudad en la que ya se sabe que no hay PGOU. Esa es la realidad. Bueno, para ser más exactos, hay un PGOU, el de 1986. Todo lo que se diseñó en el posterior no vale. Las administraciones no deben perder el tiempo en dar vueltas en buscar una solución donde no la hay, tomando atajos que sólo llevan al punto de partida. Ese plan general no sirve ni va a servir, pues se han detectado dos errores de bulto, además del ya reflejado de la legalización indebida: la falta del informe de sostenibilidad ambiental y el estudio de evaluación estratégica, que es el fruto del debate que con carácter previo se debe hacer antes de redactar el PGOU. La salida a este laberinto parece bastante complicada.

Lista del PP. García Urbano, número uno

Y también parecía complicada la elaboración de la lista del PP para la provincia de Málaga. Y el resultado no puede ser más sorprendente. El actual alcalde de Estepona, José María García Urbano, encabezará la candidatura, de la que ha desplazado a la actual vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Celia Villalobos ha salido derrotada en esta pugna que ha mantenido con el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, y el regional, Juanma Moreno Bonilla. Después de dos décadas la exalcaldesa ya no será la cabeza de lista. Lo llamativo es que aceptara finalmente ir como número dos, algo que no suele ser bastante habitual en política.

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