El pan nuestro de cada día

La detención y actuaciones emprendidas contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, han puesto de manifiesto un proceder bien definido y dirigido por responsables judiciales que han querido hacer participe a la opinión pública desde antes de desplegar esas diligencias.

Y pese a que parecía que el exministro, a quien se investiga por proceder en el ámbito privado, que no gubernamental, no iba a regresar a su casa a partir de su arresto, los indicios que se le atribuyen no han requerido medidas cautelares más allá de lo actuado.

Bien distinta es la situación de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñan a quienes hemos visto desfilar ante el Tribunal Supremo con la mejor de sus sonrisas, como si hubieran sido citados en calidad de simples testigos, gracias a la condición de aforamiento de la que disfrutan.

Hacen gala incluso de haber acudido a declarar motu proprio, confiando a buen seguro en que el respeto que desarrolla por regla general la Administración de Justicia respecto de los tiempos electorales, impida poner sobre la mesa un auto en el que se concreten los fundamentos que avalan la imputación que pesa sobre los exmandatarios socialistas, y otros exresponsables del ejecutivo andaluz.

No son en cualquier caso candidatos ante las municipales del 24M, cita en las urnas a la que el partido al que representan se afana en garantizar que no llevara a imputado alguno en sus listas.

Pero la realidad vuelve a estropear ese leiv motiv y lo cierto es que los socialistas llevan en sus filas no a uno ni a dos, sino a más de una decena de aspirantes imputados en Andalucía, cinco de ellos en la provincia de Málaga.

Más allá de debates sobre cómo proceder ante una imputación que defienden uno y otro, bastaría arbitrar medidas que evidencien los compromisos que cada formación arbitre en la materia.