Los diez errores que han llevado a la cárcel al 'yerno 10'

Iñaki Urdangarin entra en la Audiencia Provincial del Palma el pasado miércoles, donde le fue notificada su orden de ingreso en prisión./AFP
Iñaki Urdangarin entra en la Audiencia Provincial del Palma el pasado miércoles, donde le fue notificada su orden de ingreso en prisión. / AFP

Urdangarin, según las dos sentencias, acaba entre rejas por una mezcla de arrojo, soberbia, bisoñez, avaricia y un asesoramiento nefasto

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Iñaki Urdangarin acabará en la cárcel en las próximas horas debido a una larga cadena de errores que arrancaron el mismo día que comenzaron sus aventuras empresariales en Baleares en 2004. Las dos sentencias sobre el 'caso Nóos', tanto la de la Audiencia Provincial de Palma en febrero de 2017 como la del Supremo de esta semana, apuntan a una serie de fallos -algunos directamente delictivos y otros errores de cálculo- que en realidad son una mezcla de avaricia, soberbia, arrojo y bisoñez, amén de un asesoramiento nefasto por parte de la propia Casa Real. Son diez resbalones que le han costado, a él y a su esposa, el 'destierro'. Diez deslices que le valen una condena de cinco años y diez meses de cárcel al que todo el mundo consideraba el 'yerno 10' cuando se casó con Cristina de Borbón en 1997.

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El primer error fue hacer negocios con Jaume Matas y prevalerse, como ha dejado claro el Supremo, de su posición en la Casa Real. Su estatus de yerno de Juan Carlos I fue un «trampolín», hasta el punto, dice el alto tribunal, de que usó su «privilegiada posición» para conseguir que el Gobierno balear, a través de una simple «decisión verbal y unilateral», contratara a Nóos para las cumbres deportivo-empresariales de Illes Balears Fórum y la gestión del equipo ciclista. Utilizó su influencia para forzar a otros a saltarse toda la legalidad con sus adjudicaciones a dedo y a medida.

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Urdangarin llevó al extremo la idea de usar su posición para su propio provecho con la inclusión de la infanta en la junta directiva de Nóos a modo de carta de presentación de su proyecto. Aunque la hermana de Felipe VI no tenía ninguna función en aquella institución fue vocal en la dirección de Nóos en los años más intensos para los negocios en Baleares y Valencia, 2004, 2005 y 2006. Solo abandonó el instituto en el verano de este último año, cuando el Rey obligó a su yerno y a su hija a romper amarras con Nóos cuando comenzaron a aparecer las primeras irregularidades.

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Sin duda, Urdangarin hubiera acabado mejor parado si en mayo de 2012, poco después de ser imputado por el 'caso Nóos', hubiera pasado por el aro y hubiera tratado de pactar con Anticorrupción. Desde aquella primavera de 2012 y hasta cuatro años después (junio de 2016, cuando el juicio quedó visto para sentencia) se sucedieron intermitentemente los contactos (directos e indirectos) entre el abogado del exduque Mario Pascual Vives y el fiscal Pedro Horrach. Pero siempre fueron infructuosos. El marido de la infanta se negó siempre a reconocer haber cometido ilícito alguno y jamás ofreció nada más allá de pagar una multa por los delitos fiscales. Horrach, por su parte, siempre defendió un pacto que llevara a Urdangarin al menos a pisar la cárcel, pero no con una condena superior al lustro, como la que finalmente ha firmado el Supremo.

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Desde luego confiar en la preparación profesional de los cuñados de su socio, Diego Torres, para llevar sus cuentas tampoco fue un acierto. Muy en particular, nombrar contable a Luis Tejeiro. Éste se convirtió en un testigo clave de la acusación durante el juicio, al reconocer que tanto Urdangarin como Torres contrataban trabajadores fantasmas y se giraban facturas falsas entre las diferentes empresas del entramado Nóos. Pero Tejeiro, en los años de las vacas gordas y de los negocios millonarios en Baleares y Valencia, nunca advirtió a sus clientes de que lo que estaban haciendo no era, no solo correcto, sino delictivo. Urdangarin y Torres, más allá del tráfico de influencias y la malversación de los fondos públicos de Baleares, tejieron una red empresarial fraudulenta en su mismo origen sin que conste, al menos de forma fehaciente, que alguien se lo advirtiera en los primeros años.

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La avaricia le perdió y le llevó directo a los dos delitos fiscales. A Urdangarin no le bastaron los contratos por valor de más de cinco millones que obtuvo de las administraciones valenciana y balear, sino que, además, buscó más beneficios defraudando las asesorías personales que cobraba a empresas privadas, al declararlas como impuestos de sociedades y no como IRPF, idéntica irregularidad a la cometida por el exministro Màxim Huerta.

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En esa estrategia de intentar a toda costa enriquecerse, el exdeportista usó la empresa que compartía con su esposa, Aizoon, como un verdadero vertedero de facturas y empleados falsos y como excusa para intentar desgravarse todo tipo de gastos familiares, ajenos a esa firma, que en realidad no tenía ninguna actividad real. El uso fraudulento de Aizoon fue el que le costó a Cristina de Borbón su imputación por parte del juez José Castro por un delito fiscal y otro de blanqueo.

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Urdangarin se embarcó en ese frenesí de trabajos y trampas coincidiendo con la compra del famoso palacete de Pedralbes, en Barcelona. La vivienda costó 5,8 millones de euros y el matrimonio se gastó 2,9 millones de euros más en la reforma. Al final, los exduques tuvieron que acabar vendiendo aquella casa en la que Urdangarin había invertido buena parte de sus ingresos de origen delictivo.

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Durante la instrucción, uno de los errores más graves -y en esto coinciden todas las fuentes- fue no pactar su estrategia de defensa con su exsocio Diego Torres. Es más, le acusó de todas las irregularidades en Nóos, arguyendo que él era un simple florero. La reacción de Torres fue airada y muy perjudicial para el exduque: el exsocio empezó a airear todo tipo de mails que probaban no solo que Urdangarin estaba al tanto del día a día del instituto, sino que el autodenominado «asesor de la casa de S. M. El Rey», Carlos García-Revenga, asesoraba sobre todos los movimientos.

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Durante el juicio, su estrategia cambió. Dejó de acusar a Torres, que pasó en convertirse en su principal aliado en la vista. Urdangarin empezó a escudarse en que la Casa Real, con el argumento de que Revenga, lo supervisaba todo. Pero ya era tarde. El «asesor» de Zarzuela se sacudió cualquier responsabilidad y dejó a Urdangarin casi por mentiroso. Además, la investigación -y sobre todo los mails- le habían dejado en evidencia. El exduque no era un simple 'embajador' de Nóos.

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El último error fue compartido entre Urdangarin y Zarzuela. Cuando en 2006 la Casa Real le hizo salir de Nóos al sospechar de la infinidad de pufos, no hubo arrepentimiento ni un intento de arreglar las cosas. Solo se pretendió salvar la imagen del exduque, sin asumir responsabilidades.

La filtración de imágenes o una agresión, las pesadillas de Interior

En el Ministerio del Interior están viviendo las últimas horas de libertad de Iñaki Urdangarin con frenesí. Al menos hasta última hora de la tarde de ayer, diversos responsables penitenciarios sostenían que el exduque de Palma no había comunicado oficialmente cuál era la prisión que había escogido para cumplir la condena de cinco años y diez meses impuesta por el Supremo. Es más, estas mismas fuentes aseguraron desconocer si el cuñado de Felipe VI (que debe ingresar en prisión antes del martes) tiene intención de cumplir condena en alguno de los 69 centros dependientes del Ministerio del Interior o en alguno de los nueve establecimientos de la Generalitat de Cataluña, única comunidad que tiene transferidas las competencias.

Aun así, Instituciones Penitenciarias hizo llegar a principios de semana al entorno de Urdangarin que vería con buenos ojos su ingreso en algún centro tranquilo y con pabellones libres para garantizar la seguridad como Álava, Menorca, Segovia, Ávila o Aranjuez.

La obsesión del equipo del nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, es evitar a toda costa las filtraciones, en el caso de que Urdangarin se decante, finalmente por un centro de la Administración Central. A pesar de estar rigurosamente prohibidos dentro de las prisiones, los móviles con sus respectivas cámaras (según reconocen los informes de Interior) se cuentan por cientos y una imagen o un vídeo del preso (como ya ha ocurrido con Oriol Junqueras recientemente) supondrían un grave dolor de cabeza a Interior. Mucho más preocupante -reconocen desde prisiones- sería una agresión a Urdangarin.

Y la única forma de evitar las filtraciones y las posibles agresiones -admiten en Instituciones penitenciarias- es «prácticamente aislar» al marido de Cristina de Borbón, una pena añadida a su condena y que comporta un «importante despliegue», porque no se puede recluir en aislamiento a un preso que no es conflictivo.

Responsables de Interior afirman sin ambages que el caso de Urdangarin les va a obligar a intentar hacer «la cuadratura del círculo». O lo que es lo mismo: «tratar de conjugar la normalidad penitenciaria (ya que Urdangarin es un preso más) con la excepcionalidad» para evitar las filtraciones, coacciones o agresiones.

«Intimidad»

«Si entra en una de las cárceles del Ministerio del Interior, Urdangarin va a ser tratado como un interno más. Sin ningún privilegio, pero la ley, a su vez, nos obliga a adoptar todas las medidas para garantizar su seguridad o que se viole su intimidad», explicaron ayer fuentes penitenciarias.

Una vez dentro, también preocupa a Interior cómo gestionar las visitas de la infanta Cristina y sus hijos. Tampoco va a haber ningún privilegio en este punto -afirman desde prisiones- pero, sin embargo, ya admiten que se buscan fórmulas -«siempre por motivos de seguridad»- para que la hermana del Rey no tenga que esperar junto con los familiares de otros presos en las largas colas de los vis a vis.

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