Quim Torra no pedirá el acta a los diputados suspendidos por Llarena

De momento, el jefe del Ejecutivo catalán, de visita en Escocia, cargó este miércoles contra la decisión del juez Pablo Llarena que suspende a seis diputados de JxCat y ERC y anunció que no pedirá a ninguno de los diputados afectados por el auto del magistrado del Supremo que abandone su acta. «Es indecente que a políticos elegidos democráticamente se les pretenda suspender de sus derechos y libertades», afirmó desde Edimburgo, donde se reunió con la primera ministra escocesa y con la exconsejera Clara Ponsatí. «La separación de poderes en España es un mito», llegó a decir, y subrayó que «es el Parlamento quien deberá responder y debe hacerlo de manera colectiva».

El independentismo ya ha anunciado que dará respuesta a la decisión del juez del Supremo, pero esta respuesta está aún en el aire. Si los diputados suspendidos mantienen su acta, no podrán votar ni cobrar. Y lo que es peor para el secesionismo, JxCat, ERC y la CUP se quedarían en 64 diputados, frente a los 65 de la oposición, por lo que perderían la mayoría absoluta. Sustituirlos de manera temporal, como sugiere Llarena, sería la salida menos traumática. Pero supondría admitir una realidad que al independentismo le cuesta digerir: que el Parlamento no es soberano, a pesar de que hayan aprobado una moción que así lo proclama.

Esta opción dejaría en una situación más complicada a Quim Torra, que estos días siente en el cogote la presión del independentismo más radical, que le acusa, tras verse con Pedro Sánchez, de dar marcha atrás hacia el autonomismo. La CUP amenazó este miércoles al presidente de la Generalitat que si JxCat y Esquerra no desobedecen el auto de Llarena podría pedir su dimisión, extremo que también contemplan los CDR. El Síndic de Greuges afirmó, no obstante, que la sustitución temporal «no está prevista en ninguna parte del ordenamiento jurídico».

Si hay desacato, la Cámara catalana volvería al escenario de octubre del año pasado y los miembros independentistas correrían el riesgo de ser querellados por desobediencia. Pero además, obstaculizarían la actividad del Parlamento, ya que cada votación en la que participaran los seis diputados suspendidos sería impugnada por la oposición constitucionalista. La crispación regresaría al hemiciclo catalán, que en lo que llevamos de legislatura aún no ha cruzado la línea roja, porque el presidente de la Cámara catalana lo ha evitado. Lo hizo, por ejemplo, para oponerse a someter a votación la reelección de Carles Puigdemont, con lo que acató el veto del Constitucional.

El presidente del Parlamento no ha mostrado sus cartas y, con toda seguridad, antes de tomar una decisión solicitará un dictamen a los letrados de la cámara. Será la primera prueba de fuego para Joan Ridao, exsecretario general de ERC, nombrado letrado mayor del Parlamento autonómico.

A la espera de una decisión definitiva, JxCat y la CUP proponen no aplicar automáticamente la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena, sino que sea la Cámara catalana, en tanto que órgano soberano a su entender, quien someta a la votación del pleno esta decisión y que sean los 135 parlamentarios los que tengan la última palabra.

JxCat hizo además un llamamiento a Esquerra, la CUP, Catalunya en Comú Podem y a los socialistas para que se posicionen todos juntos ante la voluntad a su juicio del juez de alterar los resultados del 21-D y que sea el pleno quien decida sobre la suspensión. «No podemos aceptar que sean suspendidos, porque sería reconocer de facto que han cometido esos delitos», apuntaron desde Junts per Catalunya. La mesa de la Cámara se reúne hoy por la mañana y deberá tomar una decisión. Desde la oposición, advirtieron a los grupos secesionistas de que las resoluciones judiciales no se someten a votación en los parlamentos, sino que se acatan.