Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Cerca de 300.000 contratos deberán ser renovados durante los próximos meses. Y lo harán sin la salvaguarda de un tope al alquiler. Al haberse firmado antes de la entrada en vigor de la ley que establece el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) no estarán sujetos a las limitaciones que establece este nuevo mecanismo. El IRAV, que sustituye al IPC como herramienta para calcular el aumento de los alquileres, está diseñado para evitar abusos por parte de los propietarios de los inmuebles, pero no tiene carácter retroactivo.

Según alertó el martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, «cientos de miles de familias en España viven con la angustia de que cuando tengan que renegociar sus contratos se encuentren con subidas del 30 al 40 o al 50% respecto a lo que pactaron hace cinco años».

Sumar aboga por abordar el problema mediante «una intervención jurídica inmediata». Entre las medidas que ha puesto sobre la mesa se encuentran una prórroga por tres años a todos los contratos o la congelación de los alquileres de forma universal e independientemente de la fecha en que fueron oficializados.

Los deseos del socio minoritario chocan sin embargo con un PSOE que aún no ha desvelado o bien no tiene clara una fórmula legal y viable para afrontar el problema. Pese a eludir por ahora el cuerpo a cuerpo, los socialistas ya han apuntado a modo defensivo que algunas de las medidas que defiende Sumar tienen un complicado encaje constitucional. Frente a la acción directa y unilateral que propone su socio de coalición, el PSOE apuesta por negociar con las comunidades autónomas para que ellas establezcan zonas tensionadas como medio para abaratar los precios. El escollo a sortear por esta vía se encuentra en el previsible rechazo de muchos ejecutivos regionales, especialmente los gobernados por el PP. Más aún cuando las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades.

Pese a las diferencias en la forma de atajar la escalada de los alquileres firmados antes de 2023 –y a modo más general garantizar el acceso a la vivienda en unas condiciones asumibles para rentas medias y bajas–, la formación de Yolanda Díaz asegura que se está negociando «con absoluta normalidad» y se espera que los contactos entre los socios desemboquen en un decreto ley que se apruebe en un futuro inmediato. «Las discrepancias y los choques son habituales dentro de una coalición», resumió Bustinduy.

Este nuevo frente dentro del Gobierno cobra protagonismo tan solo un día después de que Sumar pidiera, para intentar desdecirse después, la dimisión de Isabel Rodríguez por lo que consideran en la coalición una deficiente gestión de la ministra del PSOE para paliar los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre una población joven que en su inmensa mayoría contempla como una quimera la emancipación.

El ala socialista del Gobierno salió ayer en tromba a defender la labor de Rodríguez al frente de un ministerio encargado de gestionar la mayor preocupación de los españoles, según el CIS. La propia titular de Vivienda hizo una llamada a la calma. «No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto, prefiero estar en las soluciones», zanjó.