El sindicato de prostitutas carga contra el «feminismo burgués» del Gobierno

Después de que el Ministerio de Trabajo diera el visto bueno al registro de la organización, sin el conocimiento de la ministra, Magdalena Valerio, que el jueves reconoció que le habían «colado un gol» con el expediente y que pedirá cómo puede anularse, el sindicato de trabajadoras sexuales reivindicó su derecho a defender a sus asociados (Otras acaba de nacer y aún no facilita cifras de afiliados). «No existe ningún trabajo en el que sus trabajadores no puedan sindicarse», agregó Borrell. Y apuntó que les asiste el derecho a agruparse como colectivo de trabajadores en la medida en que las administraciones siguen concediendo licencias de apertura de burdeles, por lo que la profesión es totalmente legal en España. «¿Si ahora quieren prohibir el sindicato, qué será lo próximo?», remató.

El sindicato leyó un comunicado en el que explicó que la situación de las trabajadoras sexuales en España las ha llevado a materializar el colectivo. «Somos trabajadores y trabajadoras como usted, con la diferencia de que para nosotras los derechos se han convertido en una utopía». Intentar que los empresarios las contraten, que puedan acceder a bajas por enfermedad o maternidad, tener un sueldo a final de mes o a una pensión es «impensable», apuntaron desde la entidad. A su juicio, reclamar derechos laborales es de «justicia», frente al que calificaron como «feminismo blanco heterosexual y burgués» que puede pensar que reclamar derechos para el colectivo es una «atrocidad». «Estamos empobrecidas y estigmatizadas», afirmó Otras. «El abolicionismo feminista esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales» que, desde su punto de vista, podría entenderse si no fuera porque los «derechos los merecen todas y no solo unas privilegiadas». «Merecemos los mismos derechos que el resto de trabajadores», subrayaron. «El trabajo sexual está reconocido», según recogen en el comunicado, por la OIT, Amnistía Internacional, la ONU y Médicos del Mundo Internacional. «¿Por qué levanta tantas ampollas en un Gobierno socialista que las mujeres más castigadas socialmente puedan tener los mismos derechos que el resto? ¿A quién beneficia que las trabajadoras sexuales carezcan de derechos laborales?», se preguntaron, antes de anunciar que en breve comunicarán un calendario de movilizaciones.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, no cambió su postura respecto al «gol por la escuadra» que, reconocen, les metió Otras. «El Gobierno no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo», aseguró la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. «La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos». La intención es declarar nula de pleno derecho la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto por la «vía más rápida».

En un asunto tan delicado existen dos posturas claras, los que piden la legalización o los que reclaman la abolición. Los datos esgrimidos por el Ejecutivo de que el 90% de quienes ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción provienen de una encuesta publicada en 2003 en 'Journal of Trauma Practice', conclusión extraída de la pregunta «¿Le gustaría dejar la prostitución?». Otra encuesta, realizada en Madrid en 2006 por la organización Hetaira, concluye que el 85% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace de forma voluntaria. «La del 90% es una cifra falsa», sostiene Rubén García Alonso, experto en psicología social de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). «Depende de cómo formulas la pregunta en las encuestas. Si interrogan: «¿alguien te obliga a ejercer?' la respuesta mayoritaria será 'no'; si preguntas: 'si tuvieras el doble de dinero, ¿ejercerías la prostitución?', también dirían que no. Pero estas respuestas serían similares en cualquier oficio con condiciones precarias».

A pesar de no admitir que exista un sindicato de trabajadores sexuales, el Ejecutivo tampoco parece dispuesto a legislar en la materia, al menos en el corto plazo. «Efectivamente se trata de una actividad no regulada en España», reconoció Isabel Celaá. España es uno de los países europeos donde la prostitución existe amparada en un vacío legal. El sindicato cumplía, según el criterio de la Dirección General de Trabajo, con los requisitos previstos en la ley. Pero esta autorización ha sido una «chapuza», según Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, que pidió explicaciones al Gobierno. «El adjetivo competente no se aplicaría a este caso», dijo con ironía. «Deberían explicar mejor qué ha pasado». Podemos considera el tema de la prostitución «muy complejo», «profundamente debatido en el feminismo», sin proponer medida alguna.