Prisión para los ocho detenidos por atacar una furgoneta policial en Barcelona

El auto judicial señala la «evidencia» de la «existencia de un grupo criminal», cuyo objetivo no era otro que «alterar la paz pública y el orden público». «Todos los actos realizados de manera coordinada por tal grupo y asumidos por todos deben imputarse a todos sus integrantes», según el juez Fernando Luis Criado Navamuel. El magistrado habla de dos cabecillas del grupo, pero apunta que el resto de investigados, no solo participaron de los actos vandálicos, sino que «asumieron como grupo el resultado de los mismos, y también cuando se trata de atacar a los agentes de policía».

El auto relata cómo los Mossos se infiltraron entre los jóvenes alborotadores y pudieron comprobar que un «grupo de quince personas que entre ellos hablaban en italiano y en el que de forma coordinada y muy violenta provocaban ataques a establecimientos comerciales y entidades bancarias». El grupo era «liderado» por dos jóvenes que portaban un impermeable con una franja reflectante en la espalda y que «impartían órdenes a los demás quienes las acataban de inmediato, utilizando incluso palabras clave», señala el auto judicial.

Según el juez, se dirigieron a la comisaría de la Guardia Urbana, «con el claro propósito de atacar dichas instalaciones y los agentes que le daban protección». Lanzaron un cóctel incendiario contra los agentes y una bengala, que cayó en los bajos de una furgoneta. Poco después, arrojaron líquido incendio y es cuando ardió el vehículo. El auto destaca que en el interior del vehículo se encontraba un agente que «temió por su vida» y que manifestó «notar el calor de las llamas», si bien pudo salir por la puerta sin resultar herido. «Se aprecia una actuación coordinada en el lanzamiento del primer artefacto incendiario, la bengala y luego el líquido inflamable, siendo por tanto una acción que cabe atribuir a todo el grupo criminal», asegura el juez. «No les importó que en su interior hubiera una persona y despreciaron el evidente riesgo de que se incendiara por completo el vehículo y que dicho agente no pudiera escapar del mismo», remata. El auto atribuye a A.F. el lanzamiento del «cóctel molotov» y a S.C. el líquido inflamable. Según el diario La Repubblica, de Roma, estas siglas pertenecen a la joven anarquista Sara Casiccia, de 35 años, y de Turín, residente desde hace años en Barcelona y empleada en el sector audiovisual. A. F. sería Alberto Frisetti. A una de las detenidas llevaba una mochila en cuyo interior había 20 pastillas incendiarias, un bote de disolvente y un trapo impregnado de líquido. El auto destaca que varios de ellos vivan en el mismo domicilio y que todos los investigados llevaban un mechero de «iguales características y muy singular».

El grupo asaltó además cinco oficinas bancarias, una tienda de Zara y un hotel NH, además de destrozos en mobiliario urbano, y en particular destaca cómo uno de los integrantes abría las tapaderas de las farolas para que otro del grupo cortara los cables de la luz, dejando sin iluminación toda la calle.

Según los Mossos, el pasado sábado por la noche «actuaron en grupo y con mucha violencia», provocando daños a entidades bancarias, en tiendas y en mobiliario urbano. Los Mossos afirman que han detectado la existencia de un «grupo muy activo» que actuaba con un «alto nivel de organización, cometiendo acciones agresivas y violentas hacia la policía». «Actuaban siempre en grupo, algunos realizaban la acción vandálica y el resto protegía la acción y daba cobertura y la vía de salida para evitar su detención», informó el cuerpo autonómico.

Los Mossos señalan que en las manifestaciones hay diferentes grupos: gente pacífica, los que hacen barricadas para que los Mossos no se desplacen, los que queman contenedores y lanzan líquido inflamable, y otros que hacen sabotajes a comercios y posteriores saqueos. Desde el inicio de los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, la Policía catalana ha detenido a un total de 140 personas. El consejero de Interior, Miquel Sàmper, atribuyó los disturbios a «células anarquistas anarquistas, a Arran, la rama juvenil de la CUP y al «comunismo combativo».

La situación es compleja. Al descontento social, las desigualdades y el cansancio por las restricciones, se les une una negociación para la formación de gobierno con un partido que aboga casi por que no haya policías, mientras los agentes se sienten abandonados por los dirigentes políticos y sienten que les dejan al pie de los caballos y les utilizan como moneda de cambio. Además, las protestas en las calles han subido varios grados. Ya no solo se queman contenedores. Hace dos semanas hubo un intento de asalto a las bravas a una comisaría se Vic (Barcelona) y el sábado pasado una furgoneta fue atacada por varios jóvenes con material incendiario en plenas Rambla de Barcelona. De desórdenes públicos se ha pasado a tentativa de homicidio, porque en el vehículo policial había un guardia municipal. Por suerte no le pasó nada.

En este contexto, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, reunió ayer a sus mandos, en la sede de la Policía catalana, en Sabadell (Barcelona). Dos mensajes. Uno: llamada a cerrar filas en plena ola de violencia en las calles y en plena negociación entre ERC y la CUP. Dos: apelación a dar una respuesta profesional y sin estridencias. El cuerpo debe blindarse de las injerencias políticas. Una labor muy complicada, ya que republicanos y anticapitalistas están negociando cambios en el modelo policial. Desde la premisa de la CUP de que desde la Consejería de Interior de la Generalitat «se ejerce la represión» contra los movimientos sociales. Los mandos reclamaron a Trapero justo lo contrario de lo que exigen los cuperos: más efectivos para una de las unidades operativas y que las comisarías tengan material antidisturbios, para no verse en una situación de indefensión en caso de un ataque como el del primer día de protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél.

Al Govern le ha costado ponerse del lado de la Policía, pero de momento no está dispuesto a atender la petición de la CUP de decretar una moratoria en el uso de balas de foam, como la que provocó presuntamente la pérdida de la vista de una joven durante las protestas por el rapero leridano. «Esta crisis es social, y no policial», trasladó Trapero a 200 mandos del cuerpo autonómico, en contra de lo que por momentos parecen defender las fuerzas independentistas en sus negociaciones. El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el consejero de Interior, Miquel Sàmper, comparecerán hoy en la Diputación Permanente del Parlament sobre los disturbios. Podrá verse que las críticas de algunos de los partidos catalanes a los Mossos, en especial los que dan apoyo al Govern, tienden a bajar, casi en la misma proporción en que aumenta el grado de violencia en las calles.