El PP lleva ante Estrasburgo al Constitucional de Pumpido por sus nombramientos

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo acusa al TC de haber vulnerado «su derecho como recurrentes a un proceso justo y equitativo conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)», El PP considera que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) exigía al Constitucional «una motivación de la decisión denegatoria debidamente fundada», algo que «brilla por su ausencia» y vulneró el derecho de los recurrentes« a un proceso justo y equitativo.

Para los populares, la corte de garantías incumplió «flagrantemente las exigencias del TJUE», desechando el planteamiento de la cuestión mediante «una decisión inmotivada» que impidió a lo demandantes «conocer la razón de la negativa en cuestión», informa Europa Press. El TC respaldó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó a cabo para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado de la propia corte de garantías, que finalmente fueron María Luisa Segoviano y César Tolosa.

Precisamente esa misma LOPJ se había reformado en marzo de 2021 para impedir que un CGPJ en funciones -como el de entonces- hiciera nombramientos en la cúpula judicial. Sin embargo, ante la necesidad de renovar un tercio del TC -con dos magistrados nominados por el Consejo y otros tantos por el Gobierno-, Moncloa cambió parcialmente su criterio y efectuó una nueva reforma en julio de 2022 para permitir que el Consejo cumpliera con su parte.

El Constitucional que encabeza Gómez Pumpido, quien fue fiscal general del Estado durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad que promovieron 50 diputados del PP contra ese último cambio legal. Los populares sostenían que la controvertida reforma del Gobierno vulneraba los artículos 23 y 93 de la Constitución por su tramitación parlamentaria a través de una proposición de ley que impulsó el PSOE. También sostenían que infringía el artículo 9.3 de la Carta Magna, respecto a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Apuntaban, además, al artículo 165 de la propia Constitución, dado que su contenido afectaría al régimen jurídico del Tribunal Constitucional. Por último, los de Fejóo señalaban también el artículo 159.1 de la Carta Magna, al establecer un plazo para la designación de los magistrados de la corte de garantías.