La malagueña María Gámez dimite como directora de la Guardia Civil tras la imputación judicial de su marido

Gámez ha hecho pública su decisión en una declaración institucional, donde ha estado acompañada de integrantes de la cúpula de la Guardia Civil, donde ha afirmado que dimite por «honestidad y responsabilidad», por respeto a la Benemérita y para proteger a su familia. Ha asegurado que ha sido una decisión «difícil» y ha pedido que se mantenga la presunción de inocencia. Será sustituida como directora general por la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

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María Gámez: La hija de un farero que dirigió la Guardia Civil

Aunque nacida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1969, María Gámez, la menor de once hermanos e hija de un farero, ha estado ligada a Málaga, donde se licenció en Derecho. En 2004 fue nombrada delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta en Málaga y cuatro años después ascendió a máxima representante del Gobierno andaluz en la provincia. Fue candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital en 2011 y 2015.

En 2016 dejó la política local y volvió a su puesto como funcionaria del grupo A de la Junta de Andalucía. Dos años después, en junio de 2018, volvió a la primera línea política al ser nombrada subdelegada del Gobierno en Málaga, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar este puesto. Desde este puesto entabló una buena sintonía personal y política con Fernando Grande-Marlaska que se acrecentó especialmente en el proceso de rescate del pequeño Julen, donde fue la jefa del operativo. Una caso que le dio una gran proyección mediática y estrechó su relación con la Guardia Civil. Un Instituto Armado que pasó a dirigir en enero de 2020, con la constitución del nuevo Gobierno de coalición, y en sustitución de Félix Azón. Se convirtió entonces en la primera mujer en dirigir la Guardia Civil en sus casi 180 años de historia.

Un cargo que ahora deja en el momento en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla ha citado a su esposo en el marco de la investigación sobre las adjudicaciones de la Junta en el llamado 'caso Santana' y donde se investigan presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos por el presunto desvío de dinero público de la Junta bajo el gobierno socialista a empresa. El diario ABC ha venido informando de que la empresa de Martínez que tenía entre sus principales clientes a sociedades 'regadas' por los gobiernos del PSOE, según un informe policial de la UDEF.

A ello se unen las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras de trece cuarteles y que salpica al general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, que se encuentra en prisión por las mordidas en las que también está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelos, conocido como 'Tito Berni'.