Junts aprovecha el pleno para advertir al presidente de las consecuencias de investir a Illa

En primer lugar porque todo el arco parlamentario a la izquierda del PSOE exigió que España retire a su embajador en Israel, tal y como ha hecho con Argentina después de que su mandatario Javier Milei llamase corrupta a la esposa del presidente del Gobierno. Y en segundo, lugar por no adoptar medidas legislativas contra el supuesto «lawfare» y los presuntos bulos de algunos medios de comunicación.

La legislatura que el líder socialista se ha comprometido este miércoles a completar durante su intervención en el Congreso pende de un hilo, al igual que lo fue su sesión de investidura. En vísperas del inicio de la campaña de las europeas de cara a las elecciones del 9 de junio cada uno de los grupos políticos que sostienen a la coalición de izquierdas remaron hacia su lado en el pleno de la Cámara baja en el que Sánchez reapareció tras los cinco días de reflexión en los que el socialista se planteó su dimisión.

Quien más dura se mostró entre los supuestos socios del Ejecutivo fue Miriam Nogueras, portavoz de Junts y persona de la máxima confianza de Puigdemont. El discurso de la diputada independentista se centró en la reivindicación del expresident para gobernar la Generalitat pese a la victoria del PSC en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. «Ya les digo que Salvador Illa será presidente de Cataluña durante los próximos cuatro años», afirmó Sánchez. Antes, Nogueras ironizó con la retirada temporal del jefe del ejecutivo al asegurar que solo se ha preocupado por el supuesto «lawfare» tras las acusaciones hacia su esposa. «Ustedes están de fango hasta arriba», añadió la dirigente independentista, quien recalcó en que la permanencia de Sánchez en la Moncloa depende de los siete diputados de Junts.

Sumar, Esquerra, EH Bildu y PNV coincidieron en su sorpresa por el retiro de Sánchez. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos, confesó su perplejidad porque el jefe del Ejecutivo no rubricara su amenaza de dimisión. «Le debo una cerveza a un amigo por haber perdido la apuesta», resumió Esteban.

Unos y otros exigieron al presidente del Gobierno que impulse medidas para, primero, renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin la necesidad del apoyo el PP. Es decir, con una reforma de una ley orgánica para que el máximo órgano de control de los jueces pueda ser elegido por una mayoría absoluta en el Congreso y no por los dos tercios de la cámara.

Podemos, cuyos cinco diputados en el grupo mixto del Congreso son imprescindibles para el devenir de la legislatura, fue aún más allá. Incluyó entre sus exigencias una ley contra la desinformación que incluiría revelar los apoyos de empresas y del mundo económico que reciben los medios de comunicación.