El juez pregunta a las empresas cuánto invirtieron en el 'software' del que se habría apropiado Begoña Gómez

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se ha dirigido a Indra, Telefónica y Google España para que, «a la mayor brevedad posible», informen «de las cantidades invertidas en la ideación, diseño y puesta de su funcionamiento o mantenimiento 'software', programa o aplicación realizado para el Máster de Transformación Social Competitiva de Universidad Complutense de Madrid; así como deducciones fiscales que hubieren realizado por las mismas». Dicha herramienta se realizó, en principio, pensando en que tuviera una finalidad de interés público a través de la formación impartida por dicho centro universitario.

También ha enviado oficio a otra empresa, Arsys Internet, para que «aporte los datos de la persona e institución que le encargó el registro o contratación del dominio https://transformatsc.org/; el nombre de la persona que directamente contactó con la citada mercantil; y que aporte la acreditación del pago realizado tanto por sus servicios como para el pago del dominio (con el número de cuenta desde la que se realizó la transferencia); e indicando igualmente la persona o institución a la que libró la factura de sus servicios acompañando tal factura», informa Europa Press.

Peinado reclama asimismo a otra mercantil, Human Age Institute, que «remita toda la información relativa a su incorporación a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM en el segundo semestre de 2022 y, con especial atención, a la plataforma que consta como objetivo de esa incorporación». Por último, requiere a la propia universidad madrileña «copia del Convenio de Creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, así como sus posibles adendas, ampliaciones y prorrogas».

El instructor del caso consideró pertinente investigar a Gómez por un presunto delito de apropiación indebida tras admitir el 31 de octubre una querella presentada por la organización Hazte Oír, al estimar que durante su etapa como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva «habría inscrito a su favor» la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el 'software' de la cátedra que había sido financiado por empresas, pero «siempre para la UCM», según se recoge en uno de sus últimos autos judiciales.

Además, el magistrado apreció otro presunto delito de intrusismo porque la esposa de Sánchez habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la UCM, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en dicha universidad sin que haya acreditado «disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente» para ello.

Por otra parte, la Fiscalía ha dirigido un escrito al juez Peinado donde critica su forma de investigar, al considerar que aboca a «los afectados» a una política de «hechos consumados». Por este motivo le reclama un «impulso procesal» a fin de dar respuesta a las peticiones pendientes por parte de las partes, fundamentalmente de la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Según el representante del Ministerio Público, que evita eso sí hablar directamente de dilaciones indebidas, «no son pocos los recursos pendientes de resolución, algunos de significativa trascendencia». «Circunstancia –añade- que no ha impedido la realización de distintas diligencias sobre los afectados, ni tampoco que se continúe profundizando, sin motivación ni finalidad aparente, en ciertos extremos sin dar debida respuesta a las alegaciones que se vienen efectuando», dice el fiscal José Manuel San Baldomero.

A esto suma que «también hay escritos sin respuesta, como la solicitud de planteamiento de cuestión positiva de competencia respecto a la Fiscalía Europea por las acusaciones». «Y ello aún a pesar de haberse considerado el mes de agosto como hábil a todos los efectos, sin necesidad de habilitación expresa de días, al tratarse, según se refirió, de una instrucción penal», recalca.

«Como colofón», el fiscal denuncia en su escrito que «esta demora está impidiendo hasta la revisión posterior de actuaciones ya materializadas, aún a pesar de haberse reclamado en numerosas ocasiones mayor motivación en las resoluciones, no permitiéndose conocer, por tanto, no ya las razones del instructor al adoptar sus decisiones, sino también el eventual sometimiento de las mismas al análisis de la superioridad, aunque sea 'a posteriori'.