Granados planea confesar al juez la presunta 'caja B' del PP de Aguirre

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, citó ayer de nuevo en calidad de investigado a Granados después de desestimar las peticiones de suspensión efectuadas por las defensas de su ex jefe de gabinete y presunto testaferro, Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán.

Fuentes jurídicas consultadas señalaron a este periódico que el condenado a dos años de prisión en la primera pieza de 'Púnica' juzgada, la revelación de secretos de dos guardias civiles, tiene previsto cambiar de estrategia y aportar datos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

La intención, señalaron las mismas fuentes, es que se repita una jugada similar a la estrategia seguida en el juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV).

En esa vista oral, el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, señaló al expresidente de la Generalitat valenciana y del partido Francisco Camps como el creador del sistema para que empresarios contratistas pagasen con dinero negro gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión en esta pieza de 'Gürtel', mostró su arrepentimiento después de que los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', confesaran sus corruptelas en busca de atenuantes y dejasen la pelota en el tejado de Costa.

Por este motivo, si se siguen estas directrices en 'Púnica', Granados podría poner en conocimiento del juez y de la Fiscalía que Aguirre tuvo responsabilidad en la financiación irregular del PP de Madrid. El que fuera también alcalde de Valdemoro se encuentra en libertad provisional desde junio tras pasar dos años y medio en preventiva en un cárcel que él mismo inauguró como consejero de Justicia.

Asimismo, es el principal investigado en esta «gigantesca red» de tráfico de influencias que afecta a administraciones públicas de Madrid, Castilla y León, Valencia y Murcia. En esta comunidad, sin ir más lejos, esta causa fue la puntilla para el expresidente Pedro Antonio Sánchez, del PP, que dimitió en abril.

En la pieza de 'Púnica' sobre la 'caja B' del PP madrileño están siendo investigados Granados, el exgerente regional Beltrán Gutiérrez, el exdiputado y expresidente de la Asamblea José Ignacio Echeverría, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández o el exconsejero de OHL Javier López Madrid. Se sospecha que el partido tuvo una contabilidad paralela de gastos electorales en tres campañas, 2007, 2008 y 2011. Para ello se habría utilizado una red de empresarios para falsear facturas y sobrepasar los límites de gasto en esos comicios.