El Gobierno propone que toda relación sexual sin consentimiento expreso sea violación

La vicepresidenta, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, indicó que el Ejecutivo persigue que la definición de los delitos sexuales siga el mismo camino inaugurado hace un mes por Suecia, a quien se va a sumar Alemania, que es el que hace bueno el lema: «Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no».

Carmen Calvo, en clara alusión al caso de La Manada, donde uno de los miembros del tribunal quiso absolver a los cinco atacantes porque decía que la víctima, acorralada en un descansillo y en estado de shock, no había dicho en ningún momento que no, señaló que la revisión de los delitos sexuales debe limitar el grado de interpretación sobre los hechos en manos de los jueces. «Lo que no queremos es correr riesgos interpretativos en el consentimiento. Hay que blindar eso. O es sí o es no, y punto», aseguró.

Con el cambio que propone el Ejecutivo, el Código Penal español abandonaría el distingo entre abusos y agresiones sexuales, el otro hecho que desató el escándalo con la sentencia de La Manada, en la que el tribunal condenó a los procesados por abuso sexual con prevalimiento, pero no por violación, porque no apreció en el asalto ni violencia ni intimidación.

Al colocar la ausencia de consentimiento expreso como elemento definitorio del delito, ya solo habría agresiones sexuales -violaciones en caso de penetración-, que además serían delitos agravados si se produjesen con violencia o intimidación, o con otros elementos como un carácter especialmente degradante en los hechos, el uso de armas, o los ataques grupales, por ejemplo. De terminar por imponerse el criterio propuesto por Calvo, los actuales subtipos del abuso serían agresiones. Tanto si la víctima está privada de sentido -por enfermedad o por estar inconsciente, dormida o intoxicada por alcohol o drogas- como si el ataque a la libertad sexual es fruto de una superioridad manifiesta sobre la mujer, que coarta la libertad de decisión de la víctima.

La vicepresidenta, con su propuesta, se ha adelantado a los trabajos que realizan por encargo del Ministerio de Justicia los 28 juristas de la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, que tienen hasta el 25 de noviembre para presentar sus conclusiones y responder a si hay que modificar los tipos españoles de los abusos y las agresiones sexuales y en qué sentido.

Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, está de acuerdo con la propuesta de Calvo, que recuerda es la del movimiento feminista en la mayor parte de los países de Europa, que pone en cuestión la tipificación de los abusos y ve la falta de consentimiento explícito como agresión. «La definición del mantenimiento de una relación sexual libre y voluntaria requiere una expresión clara de consentimiento. Estaremos atentas a las propuestas desde las diferentes instancias legales para ver cómo se traspasa a la ley. El consentimiento sexual tiene que ser un requisito para el establecimiento de las relaciones sexuales libres, como pasa con la mayor parte de las relaciones humanas».

La vicepresidenta, en el repaso a las prioridades de su ministerio, indicó que van a impulsar con urgencia el cambio legal que permitirá a todos los ayuntamientos tener competencias en violencia de género, para que sean el lugar de «amparo, prevención y auxilio» de las víctimas, motivo por el que van a aumentar el presupuesto previsto para este fin en el pacto de Estado. También dijo que desde ahora darán las cifras de asesinadas no anualizadas sino desde 2005 (hay 945), para que se vea la magnitud del problema.

Anunció leyes contra la trata de mujeres, de racionalización de horarios, contra la brecha salarial y reformas para la conciliación y la corresponsabilidad. También adelantó políticas para terminar con la discriminación de mujeres y niñas discapacitadas y para asegurar sus derechos al colectivo LGTBI y a los niños transexuales.