Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra

Calderón Zazo, que también es primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Olivenza por el PSOE, es una de las once imputadas en la causa que busca aclarar si la institución provincial preparó el puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz entre 2016 y 2017 para David Sánchez Pérez-Castejón, si en 2022 procedieron conforme a ley cambiando la denominación de ese puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y si, además, amañaron otro puesto para fichar a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y su colaborador en la institución. Los once encausados se enfrentan a multas, inhabilitación y penas de cárcel por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La defensa de la funcionaria, ejercida por Pedro del Pino, viene «respetuosamente a formular recusación de los ilustrísimos señores magistrados don José Antonio Patrocinio Polo (presidente), Emilio Francisco Serrano Molera (ponente) y doña Dolores Fernández Gallardo, como miembros integrantes de la Sala que habrá de juzgar y sentenciar causa».

El abogado argumenta que los tres magistrados suscribieron el pasado 23 de septiembre el auto que desestimó el recurso de apelación interpuesto por Juana Cintas Calderón contra su procesamiento por esta causa que investiga el contrato al hermano del presidente del Gobierno. Asegura que los magistrados «expresaron conclusiones reveladoras de impresiones o prejuicios nacidos del análisis de la instrucción, que a juicio de esta defensa condicionan gravemente su neutralidad a la hora de afrontar la fase final de enjuiciamiento» en ese auto de septiembre.

A Juana Calderón, que en 2022 era responsable de Recursos Humanos y hoy es directora de área de Cooperación Municipal, se le imputa por el cambio de denominación del puesto de David Sánchez. Cuando, como ya se ha indicado, se modificó de coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la oficina de Artes Escénicas. Para la defensa, en el auto del 23 de septiembre, los mismos magistrados que la van a juzgar «prejuzgando el fondo del asunto, afirmaron que el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo encubría en realidad la creación de un puesto nuevo». Y continúa: «De este modo, los ilustrísimos señores magistrados toman partido claramente por la tesis de la acusación popular, concluyendo que el cambio de denominación del puesto de trabajo que ocupaba David era la creación de un puesto nuevo». Añade que en ese mismo auto, los tres magistrados aseguran que el cambio de puesto de trabajo tuvo una «finalidad torticera», que existían «irregularidades en el procedimiento» y que estas «podrían tener la intencionalidad espuria de satisfacer los intereses personales de Don David Sánchez». Además, según la defensa, los magistrados ya concluyeron en ese auto de hace meses que Juana Cintas Calderón «ha tenido una participación relevante e imprescindible en este caso».

Por todo ello, el abogado indica que los magistrados «ha prejuzgado el fondo del asunto, produciéndose una pérdida aparente de la necesaria imparcialidad, manifestando anticipadamente un juicio de culpabilidad».