Disconformidad entre el Gobierno y las comunidades por el reparto de menores no acompañados

Torres ha celebrado este martes que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría el reparto de 5.600 menores no acompañados , ya cuenta con un «principio de acuerdo» con el Gobierno de Canarias. «Después de las últimas semanas de un intenso diario trabajo, incluso este último fin de semana, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario», ha señalado el cabeza de ramo.

No obstante, antes de que el acuerdo pase por el Congreso de los Diputados para su aprobación oficial, deberá someterse a debate en un Consejo de Política Interministerial para, primero, obtener el texto definitivo y, con ello, salga adelante.

El problema es que este avance entre Torres y Canarias ha despertado malestar entre otros gobiernos regionales. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha expresado su «perplejidad» ante el «acuerdo unilateral» entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias al margen del resto de autonomías y que se ha conocido precisamente este martes en que se reunía la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Critican que se haya dado a conocer esta negociación en la que se han establecido unos criterios de reparto «obligatorios e impuestos» sin tener en cuenta la perspectiva de otras regiones. Por este motivo, ha instado a posponer la votación hasta que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dé a conocer la información sobre esos nuevos criterios de reparto.

Por su parte, Aragón ha solicitado una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, con presencia de todos los ministerios implicados, para aclarar lo que ha definido como una «descoordinación» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ante el reto migratorio. La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha lamentado que se haya producido esta situación ante una cuestión «tan sensible» como es la atención a menores migrantes. Por ello, ha instado a que se celebre un nuevo encuentro en el que se explique «punto por punto» el contenido del acuerdo con Canarias.

Andalucía también se ha posicionado en contra del anuncio realizado por Torres, que han descrito como una «descoordinación» derivada del «boicot entre los ministros de PSOE y Sumar» y de «las peleas internas que existen en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez». Además, ha lamentado que «de nuevo tratan a niños, niñas y adolescentes migrantes como mercancías y no existe planificación alguna en el Ejecutivo en un asunto tan sensible como es la inmigración». Ante esta situación, que ha calificado como una «deslealtad» hacia el resto de comunidades, la Junta de Andalucía se ha sumado a la reclamación de una reunión específica de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

Esta polémica ha surgido pocos minutos después de que terminase la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia presidida por la ministra Sira Rego. En ella, las comunidades han aprobado un fondo de 15 millones de euros, de los que 6 millones estarán destinados a Canarias, 4,5 para Ceuta y 4,5 para Melilla. El objetivo es que esta dotación permita mejorar la atención de menores migrantes no acompañados. No obstante, se ha pospuesto la asignación de otros 20 millones con los que pretendían cubrir el reparto de todos estos niños. El motivo, según ha dado a conocer la cabeza de ramo, es que algunas comunidades han «bloqueado» el acuerdo.

Una situación que la ministra ha calificado de «sorprendente» debido a que se trataba de un acuerdo que ya había sido alcanzado con las comunidades autónomas. Ante esta negativa, Rego ha emplazado a los gobiernos regionales «a una siguiente conferencia sectorial para seguir trabajando en los criterios de reparto de niños y niñas en el resto de territorios».

Respecto al acuerdo del cambio en la Ley de Extranjería, la ministra ha asegurado que «todavía» se está trabajando y que aún «no está cerrado». «Hemos dicho ya claramente que la vocación del Gobierno es plantear una reforma de la Ley de Extranjería precisamente para plantear un criterio que está vertebrado por una cuestión que entendemos que es fundamental, que es que la migración es un fenómeno estructural y dinámico, atendiendo a los derechos humanos y al interés general de los niños y de las niñas, dotándolo presupuestariamente de manera vinculante y, por tanto, planteando algo que para nosotros es central, que es un reparto vinculante, una acogida vinculante y solidaria de niños y niñas por todo el territorio», ha recalcado.