Del 20-D al 28-A: tres años convulsos

El 20 de diciembre de 2015 los españoles decidieron acabar en las urnas con casi 40 años de bipartidismo. El derrumbe del PP y del PSOE, que perdieron más de cinco millones de votos, y la irrupción de Podemos y de Ciudadanos cambiaron por completo el tablero político dejando también un escenario envenenado. Mariano Rajoy ganó las elecciones, pero sus 123 diputados fueron insuficientes para gobernar, ni siquiera sumando los 40 escaños del partido de Albert Rivera.

Sin respaldos suficientes para volver a ser investido presidente, el entonces líder del PP declinó la oferta del Rey para ser el candidato recayendo la labor de formar Gobierno en Sánchez. Pero el veto recíproco entre Podemos y Ciudadanos para cerrar un gobierno de coalición con el PSOE acaba con la investidura fallida del socialista y la cuenta hacia atrás a unas nuevas elecciones.

El 26 de junio de 2016, 189 días después, los españoles volvieron de nuevo a votar poniendo punto y final a la legislatura más corta de la democracia. Una cita electoral inédita que redundó en beneficio del PP, que fue de nuevo el partido que obtuvo mejor resultado. Lejos de desencallar la formación de Gobierno, las urnas arrojaron una nueva foto fija que confirmó la necesidad de llegar a acuerdos para evitar unas terceras elecciones.

Tras una semana de negociaciones y pocas horas de sueño, Ciudadanos y el PP alumbraron un acuerdo de investidura de 150 puntos de los cuales 100 estaban recogidos en el pacto que los liberales habían alcanzado antes con el PSOE. Una clara invitación a Sánchez que optó por no aceptar y que acabó con su abrupta salida del partido tras un Comité Federal esperpéntico.

Con Sánchez fuera, la gestora nombrada para ponerse al timón del PSOE decidió la abstención del partido para permitir a Rajoy gobernar. Tras una nueva ronda de contactos, con los representantes de las formaciones, (la quinta en apenas nueve meses) el Rey certificó la posibilidad de que el candidato popular fue finalmente investido y decidió encargarle que acudiese a un nuevo pleno del Congreso. El 29 de octubre de 2016, Rajoy fue reelegido gracias al 'sí' de Ciudadanos y a la abstención traumática del grupo parlamentario socialista con la que no tragaron una quincena de diputados. Su nombramiento ponía fin a 314 días de gobierno en funciones.

Durante el debate de investidura la oposición ya le advirtió al presidente de que se avecinaba una legislatura caliente en la que iba a auditar cada paso que diera. Ocho meses después, Rajoy se enfrentaba a su primera moción de censura, la tercera de la democracia. Con Sánchez fuera de la Cámara baja tras renunciar a su acta de diputado, el líder de Unidos Podemos trató convertirse en el referente de los votantes de izquierda descabalgando al popular del Ejecutivo. Pero Pablo Iglesias no lo consiguió. Sólo sumó 82 síes, 170 noes y 97 abstenciones.

Superado el trámite, el jefe del Ejecutivo cruzaba unas semanas después las puertas de la Audiencia Nacional para declarar como testigo por el 'caso Gürtel'. Ante la justicia subrayó que sus funciones en el PP siempre fueron meramente políticas y no contables y negó que conociera la 'caja B' reflejada en los papeles de Bárcenas.

Diez meses después, el 24 de mayo de 2018, la Audiencia condenaba al extesorero del partido conservador a una pena de 33 años, consideraba probada la existencia de una caja B y, en consecuencia, declaraba al PP responsable civil. Pero es que además lanzaba un torpedo en la línea de flotación del mismísimo presidente del Gobierno: cuestionaba abiertamente la credibilidad de su testimonio en el juicio. Apenas 24 horas después, el PSOE registró en el Congreso una moción de censura para sacarle del poder.

Ese fue el principio del fin de un Rajoy acorralado, que en los últimos años tuvo que enfrentarse además al desafío soberanista en Cataluña, donde aplicó por primera vez el artículo 155 de la Constitución, interviniendo así la autonomía, después de que el Parlamento catalán aprobara una propuesta en cuyo preámbulo se declaraba la independencia. Y que acabó con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido a Bélgica y doce miembros de su Ejecutivo en prisión.

Recién tomadas las riendas del PSOE tras vencer a Susana Díaz en las primarias, Sánchez lanzó el órdago pese a que la aritmética era complicada. Pero los números terminaron por salir y el 1 de junio se convirtió en presidente del Gobierno con los votos de PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, Esquerra, PDECat y Bildu y Nueva Canaria. Una mayoría heterogénea que se rompió este miércoles tumbando su proyecto presupuestario.

Antes de la votación de las enmiendas, los socialistas, junto con los podemistas y los nacionalistas vascos hicieron un último intento para disuadir a las formaciones independentistas de que retiraran las enmiendas a la totalidad y validaran las cuentas. Pero fue imposible. Ni Esquerra ni PDeCAT renunciaron a sacar de la mesa del diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat la celebración de un referéndum de autodeterminación. Especialmente ahora, cuando el Tribunal Supremo juzga a líderes catalanes por la consulta ilegal del 1 de octubre y la declaración ilegal de independencia.

La derrota parlamentaria, la más grave que puede sufrir un Gobierno en el Congreso, abrió la puerta al final de la legislatura. Sin Presupuestos para este año, Sánchez sólo podría seguir gobernando si aplicase la prórroga de los de 2018, diseñados por el Ejecutivo de Rajoy, e intentando sacar adelante algunas medidas en la Cámara baja a base de reales decretos, aunque para conseguirlo necesitaría también del concurso de los soberanistas.