Cinco causas pendientes por el 1-O planean sobre la mesa de diálogo

Cinco años después del 1-O, aún hay decenas de causas penales pendientes de resolución; y algunas de ellas, del escrito de acusación de la Fiscalía. Ahí es donde el Govern pide que el Gobierno utilice su pretendida influencia en el Ministerio Público como parte de la «agenda de la desjudicialización», en la que el president Pere Aragonès exige avances canalizados a través de la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos, cuya celebración está comprometida para esta última semana de julio pero sin que ayer se hubiera despejado aún el día exacto de la cita.

La otra carpeta es la de la reforma en el Código Penal del delito de sedición, aparcada en un cajón dado que el Gobierno de Sánchez no ve factible una mayoría para sacarla adelante. La modificación legal podría acabar beneficiando a los dirigentes huidos –el expresident Carles Puigdemont, sus exconsejeros Toni Comín, Cara Ponsatí y Lluís Puig y la dirigente de ERCMarta Rovira–.

El diálogo entre el Gobierno y el Govern tropieza con las cinco causas más destacadas de todas las que restan. El de los huidos –«exiliados», según la terminología nacionalista– es el caso cuya resolución resulta más incierta, en tanto que los fugados se resisten a ponerse a disposición de los tribunales, por lo que sus juicios dependen de si se entregan o si prosperan las extradiciones que están a la espera de decisiones judiciales en el ámbito europeo. Puigdemont, Comín, Ponsatí y Puig, en Waterloo, y Rovira, en Ginebra, fueron procesados en un primer momento por rebelión, delito descartado en el juicio del 'procés', y están acusados de sedición además de malversación en el caso de los cuatro exmiembros del Govern.

Para ERC, uno de los litigios más urgentes es el que afecta a su jefe de filas en el Parlamento catalán, Josep Maria Jové. Hombre de la máxima confianza de Oriol Junqueras durante el 1-O, está acusado de malversación, desobediencia y revelación de secretos por la organización del referéndum ilegal. Está imputado junto al diputado de ERC Lluís Salvadó y la consejera del Govern Natalia Garriga, investigada por desobediencia al Constitucional. La Fiscalía debe presentar aún la acusación final. Jové atesoraba la agenda 'Moleskine' en la que aparecían anotadas todas las reuniones para organizar el 1-O.

Estos tres encausados son aforados y les investiga el TSJC, pero en su día formaron parte de la macrocausa en la que la Audiencia de Barcelona ha procesado ya a 28 personas, la mayoría de ellas altos cargos del Govern durante el 1-O. Son los responsables de menor rango de la organización del referéndum y están pendientes de juicio por malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. Esta causa también está pendiente de la Fiscalía.

El del Tribunal de Cuentas es otro de los casos que más inquietan en el nacionalismo. Y en el que se han visto cambios más favorables a los intereses de los independentistas tras la renovación de los miembros del órgano fiscalizador. El Tribunal investiga a una treintena de dirigentes independentistas por presuntos gastos irregulares del Govern en su acción exterior entre 2011 y 2017 y, en una segunda causa, por los del 1-O. Están encausados, entre otros, Mas, Puigdemont, Junqueras y Raül Romeva. El órgano les impuso una fianza inicial de nueve millones por las dos causas, con el riesgo de embargo.

La Generalitat quiso avalar la caución con un fondo propio, pero no se le permitió. Ya con la mayoría progresista, el Tribunal rectificó y autorizó la operación. La Fiscalía rebajó el desvío a 3,4 millones y tras otro cambio de posición, ERC recuperará los dos millones que depositó de fianza.

La causa más inmediata es la que afecta a la anterior Mesa del Parlament. El expresidente de la Cámara catalana y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, y los otros tres miembros independentistas de la Mesa de la anterior legislatura serán juzgados del 26 al 28 de octubre. Se enfrentan a penas de inhabilitación por desobedecer al Constitucional.