Sánchez resiste la presión de Sumar y la ansiedad del PSOE y mantiene sus planes
Yolanda Díaz advierte de que «así no se puede seguir» e insta al presidente del Gobierno a tomar medidas antes de la comparecencia del 9 en el Congreso
La inquietud y el desconcierto corroen al PSOE y sus socios. Un día después de la, según Sumar, «muy insatisfactoria» la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición con el PSOE ... para abordar la situación generada por el 'caso Cerdán', la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado a Pedro Sánchez que no espere a la comparecencia del próximo día 9 en el Congreso para tomar medidas y ha mostrado su malestar. Pero, de nuevo, ha evitado hablar de ruptura. Y esa es la baza con la que cuenta Pedro Sánchez, aparentemente incólume frente a presiones internas o externas.
«El PSOE - ha insistido Díaz- no es consciente de la situación en la que se encuentra, de la gravedad del momento político y están asentados en el inmovilismo. Así no se puede seguir. Cuando decimos que hay que pegar un giro es que hay que pegar un giro en la regeneración democrática y en lo social», ha insistido un día después de reconocer, no obstante, que el «limite» de su apoyo a los socialistas está en que el caso de corrupción protagonizado por los dos últimos secretarios de Organización del PSOE escale al propio partido y se destape que ha habido financiación irregular.
De visita en Sevilla, donde ha participado en la IV Conferencia para la Financiación al Desarrollo de la ONU, también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado estar «decepcionado» con la actitud del otro ala del Ejecutivo por no aceptar las propuestas que su formación les traslado y lo ha instado a «reconsiderar» su posición y asumir, «urgentemente», la «hoja de ruta» que Sumar ha puesto sobre la mesa para dar «un giro de 180 grados a la legislatura». Una propuesta que incluye medidas tanto en materia de regeneración democrática como en avance de la agenda social ante la «grave crisis» generada por los presuntos casos de corrupción que atenazan al partido.
En el documento que Sumar entregó al PSOE se incluye la creación de una agencia española de lucha contra la corrupción —una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa— y una modificación del Código Penal para que las empresas corruptoras queden excluidas durante veinte años de todas las licitaciones; la expropiación de los bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas; el endurecimiento de las penas por cohecho, soborno impropio y delitos fiscales, o que los partidos asuman el pago de multas o costas en procesos que afecten a sus miembros «por su deber in vigilando». Pero el PSOE, en concreto, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se limitaron ayer a hacer acuse de recibo.
En el círculo más próximo al presidente del Gobierno alegan que no hay ninguna razón para que Sánchez altere la hoja de ruta que él mismo fijó en sendas comparecencias en Ferraz, el 12 y el 17 de junio, tras destaparse que su hasta entonces hombre de confianza en el PSOE, Santos Cerdán, era presuntamente el cabecilla de una trama de mordidas por obras públicas en la que participaron el anterior secretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. E insisten en que el hecho de que el juez Leopoldo Puente decidiera el lunes enviarlo a prisión provisional sin fianza no cambia nada.
Los colaboradores del jefe del Ejecutivo sí reconocen que la imagen de Cerdán entrando en la cárcel Soto del Real ha generado «más ansiedad» tanto entre los socios como entre los dirigentes y cuadros socialistas, pero lo que trasladan es que eso no ha hecho mella en la determinación del jefe del Ejecutivo de seguir adelante.
En los últimos días, en las conversaciones de los cargos del partido han vuelto a colarse respuestas a la crisis que amenaza la legislatura que el mismo Sánchez reconoció hace dos semanas haber barajado y descartado; desde la celebración de un congreso extraordinario, en el que nadie contempla rival pero que serviría para relegitimarse y hacer cambios drásticos en la ejecutiva, a una dimisión que dé paso a otra investidura. Pero su núcleo duro rebaja cualquier expectativa drástica de ese tenor.
En Moncloa ya habían advertido el martes de que en la cita con Sumar no se adelantarían iniciativas. Sánchez, que lleva desde el lunes centrado en la conferencia de ayuda al desarrollo que la ONU celebra en Sevilla y no regresará a la Moncloa hasta hoy por la tarde, guarda para su comparecencia parlamentaria del día 9 el anuncio de medidas legislativas e institucionales de regeneración democrática y para este sábado, en el comité federal del PSOE, las orgánicas, el nombramiento del o la sustituta de Santos Cerdán y quizá una remodelación más profunda de la dirección –ha planteado ambas posibilidades– y cambios en el código ético.
«Punto peligroso»
Que Montero y Bolaños no enseñaran sus cartas ni se mostraran dispuestos a pactar de antemano soluciones provocó un claro malestar en su socio minoritario, que lleva días advirtiendo de que a partir de ahora su relación debe ser de igual a igual. Uno a uno, los distintos integrantes de la alianza Sumar – Urtasun, Enrique Santiago (IU), Lara Hernández (Movimiento Sumar), Javier Padilla (Más Madrid), Candela López (Comunes) y Jorge Pueyo (Chunta)– advirtieron de que «la legislatura está en un punto muy peligroso» y que la única manera de evitar que «embarranque» es «tomar medidas valientes» que no solo tienen que ver con la regeneración democrática, sino también con la agenda social.
Bustinduy advirtió hoy de que las condiciones que los suyos han traslado al socio mayoritario de la coalición son «mínimas». Estas pasan por una «erradicación absoluta de cualquier sospecha de corrupción en cualquier ámbito o instancia de poder dentro del PSOE», «garantías de limpieza total» y cumplir el acuerdo de Gobierno que el PSOE por ahora bloquea.
Entre ellas ha citado la retribución de permisos parentales de cuidados para millones de familias en España, adoptar una prestación universal por crianza, para realizar una inyección extraordinaria al sistema de la dependencia de 900 millones de euros, financiar el despliegue de la Ley ELA o intervenir el mercado de vivienda, dentro del apartado social.
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