El juez admite la denuncia del fiscal e investiga a la delegada del Gobierno en Madrid

Dancausa y los otros quince señalados por el auto, todos miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en el momento de la operación denunciada, son calificados en la instrucción como investigados. La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia el pasado mes de abril ante el Juzgado Decano de Instrucción contra 16 personas, entre ellas Concepción Dancausa, el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha incoado diligencias previas por un presunto delito societario contra Dancausa, Pablo González, Enrique Núñez, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

A todos ellos se les ha dado traslado de la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial de Madrid, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado. Mientras tanto, la propia Dancausa ha dicho estar "absolutamente tranquila" ante la investigación pues las decisiones que están en cuestión se adoptaron de acuerdo a informes.

Dancausa ha conocido durante un acto de la Policía que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid había abierto esas diligencias. "Me acabo de enterar", ha dicho la delegada del Ejecutivo en Madrid, quien ha dicho no haber recibido ninguna notificación al respecto.

En cualquier caso, ha afirmado que "entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal" y se ha declarado "absolutamente tranquila" al respecto, dado que las decisiones se tomaban de acuerdo con los informes.

Denuncia del Ayuntamiento

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, presentaron hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en la sociedad mixta Mercamadrid, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento.

En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

Daño patrimonial de 11 millones

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó semanas atrás el concejal.

En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones como la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros.