El Congreso da luz verde a la tramitación del suplicatorio contra Viera

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara -ahora con representantes solo de PP y PSOE, puesto que está vacante el puesto que corresponde a los nacionalistas catalanes- ha calificado por unanimidad el escrito remitido al presidente del Congreso, Jesús Posada, por el del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, solicitando el suplicatorio que requirió el pasado 9 de julio la Sala de Admisión del Tribunal.

El Alto Tribunal ha dejado en suspenso, hasta que el Congreso se pronuncie al respecto, la tramitación de las actuaciones que afectan al exconsejero -ahora diputado del Grupo Mixto-, a quien el magistrado Alberto Jorque Barreiro imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

La Mesa del Congreso se ha limitado a calificar el escrito y a dar su visto bueno para su remisión a la Comisión del Estatuto de los Diputados que, formalmente, no arrancará su tramitación hasta el próximo mes de septiembre, cuando se inicie el nuevo el periodo de sesiones que, en esta ocasión es también el último de legislatura.

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles, es decir, que no empezarán a correr hasta el 1 de septiembre, dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios según la Constitución.

Una vez que el órgano de gobierno de la Cámara ha dado su visto bueno, Posada cuenta con cinco días para remitir la solicitud para levantar el aforamiento a Viera a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que preside el 'popular' Aurelio Romero. Y, salvo que algún grupo solicite habilitar este órgano para que trabaje en verano, lo que no parece previsible, la petición quedará allí 'congelada' hasta septiembre, cuando empezarán a contar los plazos.

Audiencia a Viera

En concreto, el Reglamento fija un máximo de 30 hábiles para que la Comisión del Estatuto de los Diputados decida sobre el suplicatorio, para lo que deberá dar audiencia a Viera, bien en persona o por escrito. Una vez concluya su tarea deberá remitir su conclusión al Pleno de la Cámara, que habrá de debatirla en su primera sesión ordinaria.

En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas --ya que suele dar un plazo de diez días a los afectados para que hagan sus alegaciones--, con lo que, el suplicatorio podría llegar al Pleno del Congreso a finales de septiembre o principios de octubre.

En total la Cámara cuenta con sesenta días hábiles para completar la tramitación de un suplicatorio que se computan "durante el periodo de sesiones" a partir del día en que el escrito del presidente del Tribuna Supremo llega al Congreso.

Disolución de las Cortes

Si éstos se apuraran podría incluso darse el caso de que las Cortes se disolvieran antes de que el Pleno votara el suplicatorio. Si el Gobierno finalmente completa la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 las Cortes podrían quedar disueltas a penúltima semana de octubre, sin que se hubieran cumplido los 60 días naturales que habrían empezado a contar el 1 de septiembre.

Con las Cortes disueltas sólo mantienen su aforamiento los Diputados que forman parte de la Diputación Permanente y lo previsible es que, si no lo hubiera hecho antes, Viera perdiera entonces su fuero.

Sin embargo la posibilidad de que la Cámara apure los plazos es muy remota porque el Congreso suele tramitar los suplicatorios en el plazo de un mes o mes y medio, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado habitualmente nunca agota los 30 días con los que cuenta y después se votan en el primer Pleno ordinario. Una vez que el Pleno emite su voto, el presidente del Congreso tiene ocho días para informar al del Tribunal Supremo sobre el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 30 suplicatorios y ha rechazado 13. Los tres últimos que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP -Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.