Griñán: «No hubo un gran plan, lo que hubo fue un gran fraude»

En una comparecencia de unas cuatro horas, Griñán ha diferenciado entre la gestión presupuestaria, dentro de la cual ha defendido las llamadas Transferencias de Financiación (forma de pago de los ERE), que correspondía a su departamento de Economía; y la gestión del gasto concreto de estas ayudas, que es donde hubo irregularidades concretas que él desconocía y que correspondía a otra consejería.

Acerca de los informes en los que la Intervención General de la Junta advertía sobre irregularidades en la gestión de subvenciones, Griñán ha negado haberlos conocido porque, ha dicho, no contenían ninguna propuesta de actuación directa para su consejería.

El expresidente andaluz se ha expresado en términos muy técnicos. En declaraciones a los periodistas a su salida del Supremo, Griñán ha dicho estar "muy satisfecho" por haber podido declarar en sede judicial, algo que, según ha recordado, se produce "tres años después de haber comparecido en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que promovió el PSOE".

Griñán ha manifestado su "rechazo" a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria y se ha mostrado "satisfecho" por "poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho".

Responsabilidad de la Consejería

Griñán ha respondido al juez por la etapa en la que era consejero de Economía y Hacienda con Manuel Chaves (2004-2009) y presidente de la Junta (2009-2013), periodos ambos en los que se produjo el supuesto desfalco contable de 64 de los 850 millones del total de las partidas aprobadas entre 2001 y 2010, según el Tribunal de Cuentasel. El expresidente andaluz ha incidido en que Hacienda "no es un órgano de fiscalización", sino que, "en todo caso", su cometido es de "presupuestación y recaudación", pero "nunca de fiscalización de otros departamentos".

Así las cosas, ha subrayado que "la presupuestación" se hizo "correctamente" y que la cuestión pudo estar en "el modelo de ejecución del gasto", que es algo que "siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito" que, en este caso, sería la Consejería de Empleo. "Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta", ha insistido.

Tras afirmar que durante su declaración ha contestado a "todas las preguntas", ha negado que "hubiera un gran plan (para defraudar)", como defiende la juez Mercedes Alaya, pero entiende que sí "hubo un gran fraude", lo que, según sus palabras, "significa que algunos de los controles pudieron fallar".

Griñán ha dicho que él recibió las memorias anuales, no los Informes de la Intervención, y que las primeras se elevaron al Consejo de Gobierno y se "instruyó" a la Intervención General para que "en caso de que no lo hicieran las consejerías destinatarias de esos informes o estimara que pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación".

En esas memorias, según ha reiterado, se decía "exactamente" que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El Gobierno andaluz le decía entonces a la intervención que, si no le hacían caso las consejerías o si estimaba que hubiera fraude, "efectuara un informe de actuación".

Situación "mala"

Por último, Griñán ha reflexionado sobre su situación, que ha calificado de "mala" para él y para su familia y ha añadido que, en su momento, ya asumió su "responsabilidad política" para no perjudicar al PSOE ni a la Junta de Andalucía. Ante los periodistas, el expresidente ha asumido que ha vivido un "calvario" con su implicación en la causa pero ha añadido que confía en la Justicia.

La de hoy ha sido la segunda jornada de declaraciones de los exaltos cargos de la Junta aforados ante el Supremo después de que el exconsejero de Empleo y diputado José Antonio Viera, iniciara este martes las declaraciones.

Como ocurrió en la declaración del exconsejero José Antonio Viera, los abogados del PP no han podido estar presentes, ya que el instructor ordenó que la dirección letrada de la acusación popular corriera a cargo de Manos Limpias. Las declaraciones continuarán la semana próxima y el martes, 14 de abril, le tocará el turno al expresidente y actual diputado nacional, Manuel Chaves.